Lavado I: confirman el rechazo a la excarcelación de la empresaria Cristina Dellamea

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia resolvió este miércoles ratificar la prisión domiciliaria de la sobrina del exsecretario general de Gobierno, Horacio Rey, procesada por lavado de dinero. La resolución, a la que tuvo acceso CHACODIAPORDIA.COM, fue dictada este miércoles 18 de septiembre, y lleva las firmas de los conjueces Juan Manuel Iglesias, Miguel Aranda y Fernando Carbajal.

Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó ayer la prisión domiciliaria de la empresaria Cristina Mariel Dellamea, al rechazar una presentación de la defensa de la mujer que se encuentra con procesamiento firme por integrar una supuesta banda dedicada al lavado de dinero. También el tribunal de segunda instancia instó a dar mayor celeridad a la investigación y a la instrucción por parte de la jueza federal Zunilda Niremperger para arribar lo antes posible a la elevación a juicio oral de la causa popularizada como “Lavado I”.

Dellamea, quién es sobrina política del principal imputado en la causa, el exsecretario general de Gobierno del Chaco, Horacio Rey, encuentra detenida desde junio de 2018 aunque, posteriormente, accedió al beneficio del arresto domiciliario. Según la hipótesis de la investigación, formó parte de un presunto mecanismo consistente en la creación de empresas y sociedades – integradas por familiares y amigos de funcionarios públicos- para proveer bienes y servicios al Estado Provincial, concretándose maniobras fraudulentas en perjuicio del erario público y negociados irregulares que reportaron enormes ganancias ilícitas. En el mismo tramo de esta causa, también se encuentran procesados por lavado de activos agravado el extitular de la Unidad Ejecutora “Chaco Construye” y tío de Dellamea, Ismael Fernández, y el empresario Ramón Alejandro Chávez.

Los fundamentos del rechazo 

Entre los fundamentos para denegar el beneficio de la excarcelación, los conjueces señalaron que la inminencia de la elevación a juicio oral de la causa en la que la imputada podría contar con una condena de cumplimiento efectivo, “constituye un cuadro que puede generar la razonable tentación de rehuir la acción de la justicia, por lo cual el riesgo de fuga se halla presente con un grado de fortaleza que justifica la medida dispuesta”. Asimismo, los camaristas ad hoc advirtieron sobre los medios económicos con los que cuenta la imputada lo cual, sostienen, genera “un riesgo cautelar suficiente para justificar la medida cautelar decretada por la ya señalada comparativamente escasa afectación de derechos”.

 

 

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