Exilios forzados, dilemas de frazada corta y postales del pacto que viene

El masivo voto de censura que se encamina a enfrentar Mauricio Macri en las elecciones del 27 de octubre reavivó un recuerdo entre sus más asiduos interlocutores empresariales y sindicales: la casa en Roma que varias veces les contó que tiene lista, hasta con cortinas nuevas, para pasar allí el resto de sus días con Juliana Awada y la pequeña hija de ambos.

Alejandro Bercovich, periodista político y económico.

Por Alejandro Bercovich

Paradojas de la vida, el país de cuya crisis escapó su padre ’70 años atrás, podría servirle al todavía Presidente en unos pocos meses como refugio de la que él mismo deja como legado en la tierra donde su progenitor se hizo millonario.

No es el único que coquetea con el exilio. En el gabinete también se escuchó hablar a Guillermo Dietrich de unas “largas vacaciones” fuera del país después del 10 de diciembre. Al margen del propio Macri, el ministro de Transporte es el más complicado en dos causas judiciales que avanzaron en las últimas semanas sobre el manejo de rutas y autopistas a partir de 2015.

Una, la que inició el sindicato de Vialidad sobre el cobro de más de $30.000 millones en peajes sin contrato en siete corredores viales, se tramita en el juzgado de Sebastián Casanello. La otra, que investiga la polémica re-concesión hasta 2030 y el reconocimiento de una deuda por US$ 500 millones a favor de los exsocios del grupo Macri en Autopistas del Sol, está en manos de Rodolfo Canicoba Corral.

A esta última la reactivó el mismísimo fiscal Carlos Stornelli, exjefe de seguridad de Boca. Su resurgir montó a caballo del despoder presidencial, como el de la causa por la deuda de Correo Argentino S.A.

Aunque estudia emigrar para evitar correr la suerte de su antecesor, Julio De Vido, Dietrich no pierde las esperanzas de una remontada como la que vende Marcos Peña a los pocos que todavía lo escuchan en la Casa Rosada. Al menos eso procuró transmitir por whatsapp a sus colaboradores días atrás, cuando empezó a amainar la corrida cambiaria.

“Equipo, ahí me confirmaron que voy a ser el responsable de la fiscalización en todo el país. La idea es armar una mega logística movilizando entre 100.000 y 200.000 personas en todo el país para cubrir cada una de las 100.000 mesas. Voy a incorporar gente de otros lugares del gobierno y del sector privado y designar a un responsable de gestión por provincia, que se articulará con un responsable político de cada provincia”, escribió.

El ministro se autoimpuso metas ambiciosas: solo en Transporte (incluyendo a los ferrocarriles de gestión estatal) aspira a reclutar 10 mil fiscales. “Alvaro y Euge van a articular esto con ustedes, como en las PASO”, les avisó en el mismo grupo a sus colaboradores. Si algún fiscal se pone a investigar esos chats, quizá se le abra un frente judicial adicional.

¿Acaso el coordinador de Asuntos Públicos del ministerio, Alvaro Quiroga, y la directora general de Relaciones Institucionales, Eugenia Wehbe, cobran los jugosos salarios que les paga el Estado para organizar a los fiscales de Cambiemos? ¿Acaso los 10 mil irán voluntariamente o los presionarán para que lo hagan, como denunciaron decenas de empleados precarios del gobierno porteño en el sitio noesmitrabajo.com?

El desbande tras la paliza de las PASO es muy desordenado. La desesperación por tapar huellas es tal que las máquinas trituradoras de papel empezaron a trabajar a full en todos los dominios de Dietrich. Para los papeles más difíciles de emprolijar volvió al ruedo una contadora creativa: la ex tesorera del PRO bonaerense, María Fernanda Inza, a quien María Eugenia Vidal debió echar de la Contaduría provincial por el escándalo de los aportantes truchos a la campaña pasada.

Protegida del secretario legal y técnico de Presidencia, Pablo Clusellas, y portadora de saberes y contactos de los nosiglistas Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti, Inza trajina los pasillos de Transporte como un bombero en pleno incendio. ¿Alcanzará?

Para todos, todo

La frazada corta del Estado, mientras tanto, parece angostarse cada día. La plata no alcanza para todos y Macri decidió priorizar a los amigos. Así fue como, el viernes pasado, las empresas generadoras de electricidad cobraron una vieja deuda por el equivalente a lo que costará la Emergencia Alimentaria que obtuvo media sanción en Diputados.

No hizo falta que cortaran ninguna calle el dueño de Central Puerto, Nicky Caputo, ni el de Pampa Energía, Marcelo Mindlin. Junto a otras firmas, como Aluar y Albanesi, embolsaron entre el miércoles y el viernes pasado unos 7.200 millones de pesos.

La negociación de ese pago, según publicó el portal especializado Econojournal, la encabezó el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui. ¿Lo sabría el magnate británico Joe Lewis, varias veces anfitrión de Macri en su mansión de Lago Escondido, cuando compró un 9% de Pampa Energía el 12 de agosto, justo después del peor desplome diario que hayan sufrido nunca las acciones de las empresas de ningún país que no estuviera en guerra?

Una tensión similar promete generar dentro de una semana el BoPoMo (Bono de Política Monetaria), una jugada ¿preparada? del Messi de las finanzas Luis “Toto” Caputo antes de su salto al Banco Central. Se trata de un bono a dos años que emitió el Tesoro en 2017 en pesos, pero cuyos intereses replican los de las Leliqs.

La mitad de la emisión la compró PIMCO, un fondo de inversión que se jacta de manejar más títulos de deuda soberana que ningún otro en el planeta. Lo preside Mohammed El-Erian, uno de los economistas que sonó como posible reemplazo de Christine Lagarde en el FMI cuando se supo que dejaría el cargo.

Tal como quedó redactado el “reperfilamiento” de la deuda, el BoPoMo debería pagarse. Es el equivalente a 410 millones de dólares que los acreedores cobrarán en pesos pero que procurarán convertir a moneda dura al instante. Es lo que avisaron esta semana los enviados de PIMCO que visitaron al secretario de Finanzas, Santiago Bausili.

El problema, en rigor, es más político que económico. ¿Cómo justificará Macri pagarle a un megafondo de Wall Street luego de haber defaulteado las LECAPs que tenían en cartera las Pymes y los ahorristas con cuotapartes en Fondos Comunes de Inversión (FCI)? ¿Cómo evitará que, para sortear el control de cambios, PIMCO compre dólares a través de la bolsa y haga volar el precio del “contado con liqui”? ¿Y si le paga con dólares de las reservas? ¿Se animará a hacerlo con el FMI todavía en silencio acerca de su último desembolso comprometido?

Rogelio Frigerio, economista al fin, también procura tapar lo que la frazada deja al descubierto. Desde el Ministerio del Interior negoció con las petroleras el descongelamiento del combustible para el mercado mayorista, donde los que compran son básicamente productores rurales. El criterio fue afectar al sector que más ganó con la devaluación para evitar un castigo adicional a los automovilistas urbanos. De paso, las petroleras se aseguraron que el congelamiento termine en noviembre, antes del traspaso de los atributos del poder.

Pactismo de Estado

El gran interrogante es qué pasará en los primeros meses de gestión del casi seguro ganador, Alberto Fernández. A Miguel Acevedo, en su reunión en el búnker de la calle México, el candidato le habló de un pacto de precios y salarios por 180 días.

Las eléctricas y gasíferas ya dan por hecho que durante ese lapso no tendrán subas, por más que el dólar siga en alza, pero las petroleras se preguntan si llegarán a ponerse al día antes de ese nuevo freezer. El que pica en punta para administrar ese pacto es José Ignacio de Mendiguren, quien insiste en formalizarlo por ley y que funcione como una especie de ministerio.

Alfredo Coto también habló fugazmente de ese acuerdo de precios y salarios con Fernández, a quien ya había visitado luego de que Cristina Kirchner lo ungiera como candidato presidencial. El supermercadista lo conoce desde 1996, cuando Fernández ocupaba un rol clave en Provincia Seguros, la aseguradora que creó la primera ART. Coto gestionó entonces a través suyo una “carta de indemnidad”, que implicaba que, si demandaban a Coto, la ART cubría también el excedente de la tarifa que fijaba la ley de riesgos de trabajo.
La carta se firmó pero la aseguradora estatal no cubrió las demandas. “Lo conozco desde la vez que le compré el primer seguro y todavía se acuerda de que lo apretamos un poquito”, se rió Coto al recordarlo, la semana pasada, en el seminario que organizó la Asociación Empresaria Argentina (AEA) en el Sheraton.

El banquero Jorge Horacio Brito, que voló a Tucumán en su avión privado para no perderse la foto del pacto con Acevedo y Héctor Daer, es uno de los más entusiasmados con el fin de ciclo. Lo intuía incluso la semana previa a las PASO.

Se lo anticipó a Gabriel Martino, el CEO del HSBC, en un café que compartieron por esos días. Martino, más afín a Cambiemos aunque también lo suficientemente precavido como para haber ido a visitar a Alberto a su departamento de Puerto Madero antes de esa elección, creyó que era solo una expresión de deseos.

Son gestos casi imperceptibles, pero que Fernández anota para un futuro inmediato. Así como valora lo solícito que se muestra Sergio Massa a la hora de hacer campaña y la sintonía que supo construir incluso con dirigentes de La Cámpora que antes había denostado, el candidato registra el rol que jugaron bajo el macrismo los barones del establishment.

Del jefe de Techint, Paolo Rocca, recuerda que apenas asumió Macri celebró que “al fin tenemos un presidente ingeniero”. Y sabe que el del jefe de Techint no fue un flechazo sino un romance prolongado. En 2017, con una frase para la antología, lo llevó a su paroximo: “Por primera vez en años, hay un clima que permite pensar la Argentina de largo plazo”.

VIAPublicado en Bae Negocios
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