Buscarán aprobar la Emergencia Alimentaria: “Es una ley prioritaria”, afirmó la diputada Lucila Masín

En diálogo con CIUDAD TV/RADIO CIUDAD, la diputada nacional del Chaco por el Frente para la Victoria/PJ, Lucila Masín, adelantó la postura respecto del debate sobre el proyecto de ley de Emergencia Alimentaria que tendrá lugar este jueves en una sesión especial de la Cámara de Diputados de la Nación. "Es una ley prioritaria en los tiempos y el contexto que venimos atravesando", recalcó

Lucila Masin, en los estudios de CIUDAD TV

“Esto tiene que ver con el incremento de la pobreza al 32 por ciento, que hoy la necesidad de poder alimentarse también se ha transformado en un privilegio, que hay un gran sector de nuestra población que están viviendo por debajo de la línea de la pobreza y de la indigencia”, señaló Masín. En ese sentido, aseguró que “los jubilados y los niños, niñas y adolescentes son de las poblaciones más castigadas por las políticas neoliberales de Mauricio Macri”.

La legisladora nacional aseguró que “nosotros interpretamos que esta es una ley prioritaria en los tiempos y en el contexto que también venimos atravesando los argentinos y las argentinas”.

“La cuestión principal es poder determinar que al menos se pueda definir en los presupuestos anuales que se discuten un porcentaje fijo para poder paliar esta situación de malnutrición y de falta de alimentos a distintos sectores de nuestro país. Y eso tiene que ser una prioridad. La intención es que eso también se pueda discutir dentro de los presupuestos nacionales que discutimos en el Congreso de la Nación”, explicó Masín.

El proyecto consensuado por la oposición

El proyecto de ley que prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 la emergencia alimentaria decretada por el Poder Ejecutivo en 2002 y que llevarán al recinto de la Cámara baja este jueves al mediodía, ante la negativa del Gobierno de implementarla por decreto. El texto del proyecto propone “un incremento de emergencia como mínimo del 50 por ciento de las partidas presupuestarias vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición” y autoriza al Gobierno la reasignación de partidas presupuestarias para cumplir con la ley.

 

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