Espionaje ilegal: el ex espía Stiuso declaró ante el juez Ramos Padilla

El ex jefe de operaciones de la ex Side se presentó en el juzgado de Dolores y ratificó los planteos realizados por escrito, en los que también involucró a Carrió y Santoro como partes de distintas operaciones en su contra. Insisten que la causa pase a Comodoro Py.

Alejo Ramos Padilla, juez federal de Dolores

El ex jefe de operaciones de la ex Side, Antonio Horacio Stiuso, se presentó ante el juez Alejo Ramos Padilla y ratificó todo lo que había dicho en un escrito donde planteaba que él también fue perjudicado por la banda del falso abogado Marcelo Sebastián D’Alessio a través de testigos o imputados “guionados” que habrían intentado involucrarlo –según su teoría— en casos como el de la “mafia de los contenedores”, entre otros. O sea, un ex espía que denuncia haber sido blanco de otros espías, orgánicos o inorgánicos según describió. Su aparición en el expediente sobre espionaje ilegal sorprendió en julio último, cuando además señaló que junto con D’Alessio operaron para involucrarlo en causas judiciales la diputada Elisa Carrió y el periodista Daniel Santoro, algo que volvió a sostener en el juzgado de Dolores.

Stiuso se quejó de que desde que dejó su cargo a fines de 2015 fue blanco de operaciones de inteligencia y pidió ser aceptado como querellante, lo que le daría acceso a la investigación y la posibilidad de impulsar medidas. Lo mismo había dicho el lunes de esta semana en el juzgado federal de Luis Rodríguez, donde también requirió ser parte como damnificado con iguales argumentos. A su entender, lo persiguió el gobierno anterior, pero también el actual ya bajo las acciones de D’Alessio y sus aliados. El falso abogado que se decía agente de la DEA estadounidense tenía información en su poder que según Stiuso era usada para afectarlo de uno u otro modo. Al declarar ante Ramos Padilla y Rodríguez, donde respondió algunas preguntas, hizo eje en asuntos de la Aduana, por presentaciones judiciales en su contra vinculadas con ese ámbito. Según allegados a los expedientes, llevó documentación sobre ese y otros temas también ya que señaló que entiende que el modus operandi de darles el libreto a determinadas personas, a veces involucradas en los casos en danza, se habría repetido.

La posibilidad de que el ex espía sea querellante genera suspicacias en tribunales. En Dolores, como es conocido, se investiga una amplia trama de espionaje y aprietes. En el juzgado de Rodríguez, el foco es la denuncia por extorsión del ex despachante de Aduana Gabriel Traficante, quien relató un pedido de 500 mil dólares de parte de D’Alessio a cambio de salvarlo del expediente de “la mafia de los contenedores” que instruye el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky. Traficante nunca fue citado ni detenido en ese caso. En un comienzo había dudas acerca de si la causa de Rodríguez sería utilizada como excusa en algún momento para atraer la que tramita (o parte) en Dolores, tal como quieren algunos de los involucrados, entre ellos el propio D’Alessio y el fiscal Carlos Stornelli. Por ahora no parece que este juez lo propicie. Los planteos de incompetencia de Ramos Padilla insisten desde otros ámbitos. La semana pasada lo volvió a plantear el fiscal Juan Pablo Curi y antes de la feria judicial el fiscal de Casación Raúl Plee pidió que lo defina la Corte Suprema.

Stiuso insistió con algo que había sostenido por escrito, que son las coincidencias con algunos de los personajes que aparecen tanto en la causa de Rodríguez, como rozados por distintos motivos en la de Aguinsky y en la de Ramos Padilla, que son Santoro –recientemente procesado en Dolores— y Carrió –imputada, aún sin fecha para indagatoria–. Otro nombre que figura, como víctima, es el de Juan José Gómez Centurión, el ex titular de la Aduana. En el celular de D’Alessio y en su computadora apareció material de espionaje sobre este ex funcionario en la misma época en que lo denunciaba ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que lo vinculó con contrabando de efedrina. A la vez el ex funcionario denunció a la ministra. Lo que planteó Stiuso es que le parecía llamativo que Carrió hubiera salido en defensa de Gómez Centurión en ese entonces, abiertamente. Carrió a la vez, señaló el ex jefe de la ex Side, hizo presentaciones en su contra de él intentando comprometerlo con maniobras espurias en la Aduana, donde revistaba su amigo Damián Sierra, quien falleció. Sierra fue la persona que lo ayudó a salir del país después de su desplazamiento de la AFI.

Stiuso desparramó sospechas sobre Carrió, a quien también ligó con una aparente visita al narco Ibar Pérez Corradi –señalado por tráfico de efedrina y por el triple crimen de General Rodríguez– previo a su extradición. Y recordó el aparente vínculo de D’Alessio con esa situación. También que éste último está sospechado de ser un proveedor de información no sólo de Carrió sino de sus compañeras Paula Oliveto y Mariana Zuvic. Recordó la publicación de notas de Santoro sobre la causa de la mafia de los contenedores y su presencia en el juzgado de Aguinsky, donde presentó a D’Alessio como un posible proveedor de información.

En la computadora de D’Alessio secuestrada en su casa en el country Saint Thomas había documentos que anticipaban, por ejemplo, lo que declararía en aquella causa Gladys Fernández, quien estuvo implicada en el expediente. El falso agente tenía el speech de lo que después la mujer declaraba allí. También se halló documentación donde señalaba al propio Stiuso y a la actual número dos de la AFI, Silvia Majdalani junto con Darío Biorci. El ex jefe de operaciones cuestiona ese material e intenta convertirse en un personaje activo en las investigaciones de Ramos Padilla y Rodríguez. Habrá que ver qué deciden estos magistrados. La percepción en tribunales es que el relato del ex espía es algo confuso.

El fiscal quiere que la causa se investigue en Comodoro Py 

El fiscal de la causa que investiga la mega red de espionaje ilegal, Juan Pablo Curi reiteró su planteo para que le saquen el expediente al juez Alejo Ramos Padilla.

En un dictamen de más de setenta páginas, Curi volvió a fijar posición respecto de la jurisdicción en donde sucedieron los hechos investigados e insistió en enviar la pesquisa a Comodoro Py, en línea con la postura del multiprocesado Marcelo Sebastián D’Alessio, del fiscal en rebeldía Carlos Stornelli y del coacheado Leonardo Fariña.

Según consideró en su resolución, la mayoría de los delitos cometidos por la asociación ilícita “tuvieron epicentro en la ciudad de Buenos Aires”. Si bien la Cámara de Mar del Plata y la Cámara de Casación ya confirmaron la continuidad de Ramos Padilla, lo hicieron de manera provisoria hasta tanto el juez indique concretamente el objeto procesal y la jurisdicción donde ocurrieron los ilícitos investigados.

El magistrado de Dolores había corrido vista a Curi -es decir, le había pedido opinión sobre el tema- el pasado 10 de junio. Si bien el fiscal ya se había pronunciado parcialmente, en esta oportunidad decidió “ampliar las consideraciones expuestas”, según él debido al tiempo que ya lleva la investigación. Fue así que el fiscal reiteró que a su entender ya está demostrado que la Capital Federal es el lugar a donde se constituyó y donde operaba la asociación ilícita comandada por el falso abogado. Para Curi “puede advertirse con facilidad” que de los 28 hechos que se investigan “al menos 22 tuvieron epicentro en la ciudad de Buenos Aires, los seis restantes tienen algún punto de contacto con ese territorio mientras que ninguno de esos 28 hechos ocurrió dentro de la jurisdicción del juzgado federal de Dolores”. El único suceso que sí reconoce Curi dentro del territorio de Ramos Padilla es el encuentro entre D’Alessio y el fiscal Carlos Stornelli ocurrido en Pinamar, en el que durante más de cuatro horas de reunión habrían pactado los detalles de la extorsión al denunciante Pedro Etchebest.

El fiscal insistió con enviar la causa a Comodoro Py a pesar de no desconocer “bajo ningún punto de vista” que D´Alessio vivía en la localidad de Canning. Es justamente a ese domicilio del country Saint Thomas a donde el supuesto agente de la DEA llevó a varias de sus víctimas, en donde se secuestró casi todo el material probatorio que hoy está en el expediente y de donde fue detenido. El fiscal también reconoce que D´Alessio tenía sus oficinas en Las Toscas, en donde se reunía con el resto de los integrantes de la banda; y que su colega procesado Juan Ignacio Bidone era titular de la fiscalía de Mercedes, desde donde buscaba información de migraciones y registros telefónicos para concretar las extorsiones. Sin embargo, Curi consideró que se trata de situaciones que “no dejan de ser ínfimas (en un sentido cuantitativo) en contraposición con todas las otras ocurridas en el ámbito porteño”. Al detallar todos y cada uno de los hechos investigados, el fiscal sumó otros argumentos en su extenso escrito:

● El más polémico está centrado en que los organismos federales a los que pertenecerían algunas de las personas imputadas se encuentran emplazados en la Ciudad de Buenos Aires. El fiscal se refiere puntualmente a la AFI y al Ministerio de Seguridad. El punto es que, justamente, Comodoro Py es uno de los tribunales más contaminados por la injerencia de los servicios de inteligencia, por lo que la investigación podría caer en saco roto en caso de mudarse al edificio de Retiro.

● Para Curi, la mayoría de las víctimas, los imputados y sus abogados defensores residen en Buenos Aires, por lo que “deben trasladarse muchos kilómetros a fin de poder cumplir con la labor encomendada por sus clientes”.

● Otro de sus argumentos es que “la mayor parte del accionar de los integrantes de la asociación ilícita investigada se planificó, desarrolló y ejecutó en la Ciudad de Buenos Aires” y que a pesar de los lugares de residencia de Bidone y D´Alessio, habitualmente operaban en CABA.

● Y que “los efectos de las maniobras” de la organización también fueron en territorio porteño.

En contraposición, en la resolución en la que Ramos Padilla había rechazado los planteos de inhibitoria de competencia, el juez había advertido que “el Dr. Curi, para justificar que esta causa sea remitida a la justicia federal de la ciudad de Buenos Aires, parcializa los hechos que componen la investigación”. El punto es que si se aplicara el criterio de los lugares en donde actuó la banda de espionaje ilegal se llegaría al absurdo de enviar cada hecho a un juzgado diferente. “Las diversas operaciones ilícitas que se investigan se realizaron en diferentes puntos del territorio nacional e incluso en el exterior”, había advertido el magistrado de Dolores en aquella oportunidad. Y recordó que para este tipo de casos, en los que el crimen organizado actúa en diversos territorios, dentro y fuera del país, la Corte Suprema estableció los parámetros de delimitación de competencia que van más allá de la discusión por el territorio y “que incluyen en el análisis aspectos vinculados con la eficacia de la investigación y la economía procesal”. Es decir, que “si los hechos a investigar han tenido desarrollo en distintas jurisdicciones territoriales, la elección del juez competente debe hacerse de acuerdo a lo que resulte más conveniente desde el punto de vista de una más eficaz investigación y mayor economía procesal”.

Pero más allá de la discusión técnica y jurídica, la controversia es esencialmente política. Una causa que impacta de lleno en los intereses del poder -funcionarios judiciales y políticos, periodistas, agentes de inteligencia- es un botín preciado para llevarlo a dormir en algún cajón de Comodoro Py.

Desde el inicio del expediente el fiscal Curi se mostró alineado con la estrategia de Stornelli y D´Alessio para sacar la investigación de Dolores y llevarla al territorio dominado por estos dos imputados, quienes buscan jugar de locales. Al inicio de la pesquisa la aparente inacción del fiscal y las trabas que puso para que varios de los imputados se conviertan en arrepentidos fue motivo de fuertes cruces con el juez, que incluso quedaron plasmados en varias resoluciones. Hasta que el fiscal finalmente sorprendió con un dictamen en el que solicitó varias medidas de prueba y el juez rechazó las recusaciones que habían planteado algunas de las defensas en su contra, por lo que Curi logró mantenerse en su puesto. Hasta que el viernes pasado, con la firma del nuevo escrito Curi volvió a la carga e insistió con correr de la cancha a Ramos Padilla.

Ahora, con los nuevos vientos políticos tras las elecciones Primarias del domingo pasado, las miradas estarán puestas en el curso que tome la investigación y en la suerte del juez perseguido por el actual Gobierno.

Más imputados por espionaje ilegal

Del dictamen de Curi se desprende, además, que hay más imputados en la causa que comenzó en febrero de este año y que sacudió por completo al mundo político, judicial y mediático. Se trata del ex militar Jorge Lenard Vives; un especialista en inteligencia vinculado a Elisa Carrió, también imputada en el expediente; de las las abogadas Alejandra Zizzias y María Elisabeth Gasaro; del agente de inteligencia Pablo Pinamonti, señalado como el hombre de la AFI al que supuestamente reportaba D´Alessio.

 

FuentePágina/12
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