El Comité y distintos organismos instan a la declaración de la Emergencia Penitenciaria

Representantes del Comité de Prevención de la Tortura Chaco participaron este martes de una reunión intersectorial convocada por el Ministerio Público de la Defensa, con el objetivo de instar a la sanción de una ley que declare la Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en todos los establecimientos de detención de la provincia, teniendo en cuenta la situación de sobrepoblación carcelaria y penitenciaria que distintos organismos vienen advirtiendo desde hace años.

Los miembros titulares del Comité de Prevención de la Tortura Chaco (CPTCh), Ariela Álvarez y Paulo Pereyra, participaron este martes de una reunión intersectorial convocada por el Ministerio Público de la Defensa, con el objetivo de instar de manera conjunta a la sanción de una ley que declare la Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en todos los establecimientos de detención de la provincia, teniendo en cuenta la situación de sobrepoblación carcelaria y penitenciaria que distintos organismos vienen advirtiendo desde hace años.

Del encuentro también participaron representantes del Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Seguridad, la Secretaría de Derechos Humanos, de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, de la Procuración General, autoridades del Servicio Penitenciario Provincial, de la Policía de la provincia del Chaco y de la Asociación Pensamiento Penal (APP).

En la reunión también se analizó la posibilidad de promover una iniciativa legislativa que fije por ley un “cupo” para los establecimientos penitenciarios, incluida entre las trece recomendaciones que el CPTCh difundió semanas atrás.

“Coincidimos en que este es un problema que involucra al poder Ejecutivo, al Judicial y al Legislativo y requiere de medidas de mediano y largo plazo”, afirmó la integrante del CPTCh, Ariela Alvarez, tras la reunión. Recordó que, hace más de un año, el organismo instó a la Legislatura chaqueña al dictado de una ley de Emergencia Penitenciaria.

En ese sentido, consideró que la sanción de una normativa legislativa “daría el marco jurídico necesario para abordar de manera expeditiva todas estas cuestiones vinculadas al hacinamiento, al uso excesivo de la prisión preventiva, a la falta de tratamiento socioeducativo y las respuestas a tantísimas violaciones a los derechos humanos que vamos constatando diariamente en las personas privadas de libertad”.

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