“Hay que crear mecanismos de prevención de la tortura, que es sistémica”, afirman desde el Comité

La presidenta del Comité contra la Tortura, Ariela Alvarez, destacó la incorporación del organismo como fuente asociada al registro Nacional de Casos de Tortura y/o Malos Tratos, que tipifica 11 tipos de torturas. Observó las dificultados diarias en cuanto a mantener a 1300 personas alojadas en comisarías, rescató los canales de diálogo con el Estado provincial y manifestó: “Hay cuestiones de las que nos tenemos que ocupar hoy y otras que tienen que ser políticas públicas que trascienden a los gobiernos y a nuestros mandatos".

Ariela Alvarez, presidenta del Comité contra la Tortura.

La semana pasada, el Comité Provincial contra la Tortura suscribió un convenio, el primero en el país, para incorporarse como fuente asociada al registro Nacional de Casos de Tortura y/o Malos Tratos. Este martes, visitó los estudios de CIUDAD TELEVISIÓN, una de las integrantes del Comité provincial, Ariela Álvarez, quien explicó que la tarea del Registro se lleva adelante con mucho “esfuerzo y voluntad técnica y política” de tres instituciones, desde 2010: la Procuración Penitenciaria Nacional (vinculada a todas las cárceles federales del país); la Comisión por la Memoria de La Plata, “con un trabajo muy interesante de búsqueda de verdad, investigación, y para echar luz sobre las situaciones actuales de casos de tortura”, y un grupo de estudios de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

“Tuve la oportunidad de participar de la presentación del Informe 2018. Son estas tres instituciones las que desde el año 2010 viene llevando a cabo el Registro Nacional y nosotros nos hemos sumado como fuente asociada”, mencionó.

Rescató la importancia de lograr un Registro en base a la Convención y al Protocolo Facultativo, en la búsqueda de la prevención de la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, y también “en el marco de comprender cómo se dan esos procesos que no son cuestiones sencillas porque son sistémicas y están vinculadas a condiciones, sean materiales en donde son alojadas las personas privadas de libertad, como de formación del recurso humano”. Habló de una problemática “sumamente difícil de abordar” en cuanto a las variables asociadas que, según aclaró, no solo tienen que ver con la falta de alimentación o con la primera idea que es la del maltrato físico, “sino que tiene distintas características que puede asumir el maltrato hacia una persona”.

Comentó que tanto la Convención como el Protocolo, además de conocer estos casos, es buscar la sanción para los mismos. “Poder identificarlos y lograr justicia para las víctimas, pero fundamentalmente ejercer lo que nosotros llamamos la prevención secundaria, que no vuelva a ocurrir”. “Para nosotros fue muy auspicioso, nos plantea un desafío. El registro ha tipificado 11 tipo de tortura. Es muy interesante también el debate que se da en torno a qué se entiende por tortura y cuáles son esas 11 variables. El Registro nacional entiende que la falta del acceso a salud, los traslados gravosos, cuando una persona tiene dificultades para adaptarse a un lugar, por ejemplo”.

Explicó que las 11 variables de tortura dan cuenta de lo que ocurre en distintos contextos de encierro. “Busca echar luz, nos permite conocer cómo funcionan, cómo se le pueden imponer tratos crueles, inhumanos y hasta tormentos a una persona”, reiteró.

Consultada por el medio, recordó que el caso del artesano muerto en una celda a raíz de un incendio, conocido como Caso Greco, implicó una sanción a partir de un litigio en la Corte Interamericana, significó la posibilidad de contar hoy con dos fiscalías especiales de Derechos Humanos, “que entienden y deben entender, con quienes trabajamos y con quienes seguramente nos falta mucho más para articular y lograr efectividad respecto de los casos”. También implicó la creación del Comité de Prevención contra la Tortura.

“A partir de comprender cómo se dan estos casos hay que tratar de que no vuelvan a ocurrir y se creen los mecanismos y las instituciones para la prevención”, advirtió Alvarez y añadió que “así como la tortura aparece de manera sistémica, vinculada a varios aspectos, también la prevención se hace a través de un sistema. No es solo a través de una institución o acción”.

“La semana pasada decíamos que nuestra provincia ha sido pionera en contar con un mecanismo, tiene una legislación de avanzada en distintos aspectos que tienden a la prevención, pero en este momento la complejidad que supone para nosotros 1300 personas alojadas en comisarías implica que tengamos que atender diariamente situaciones de por lo menos las condiciones que se crean para que aparezcan malos tratos”, afirmó.

Aseguró, no obstante, que hay voluntad de diálogo permanente con el Estado provincial. “Hay cuestiones de las que nos tenemos que ocupar hoy y otras que tienen que ser políticas públicas que trascienden a los gobiernos y a nuestros mandatos”, concluyó.

 

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