La venganza industrial aguarda agazapada el día después de las PASO

La reunión, con el correr de los minutos, fue subiendo de tono. El jefe de gabinete del Ministerio de Producción, Ignacio Pérez Riba, no tenía respuesta para los planteos cada vez más airados que escuchaba. Fue en la última reunión del comité ejecutivo de la poderosa Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), que preside Daniel Funes de Rioja.

Alejandro Bercovich, periodista político y económico.

por Alejandro Bercovich

-íPero vos me estás hablando de la decoración del sexto piso y se están incendiando la planta baja y el primero! – lo interrumpieron.

Funes de Rioja procuró tranquilizar a los enviados de las 37 Cámaras de fabricantes de alimentos y bebidas que llenaban el salón, todos sentados en derredor de una mesa. Estaban representados los molineros, yerbateros, chacineros, faenadores, azucareros, bodegueros, cerveceros, aceiteros, cafeteros, elaboradores de golosinas, salsas y varios rubros más. El clima seguía espesándose.

“Disculpen si no tengo ese dato ahora. La verdad que estoy tapado de laburo. Ando la mitad del tiempo trabajando para mi actual jefe y la mitad para mi jefe anterior”, se excusó Pérez Riba. El actual es Dante Sica, también encargado de Trabajo desde que en septiembre se fusionó esa cartera con la de Producción.

El anterior, que lo llevó al cargo de jefe de gabinete, es Francisco Cabrera. El latin lover, como le dice su amigo Mauricio Macri, quien desde principios de año reparte su tiempo entre el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), los almuerzos para recomponer relaciones con empresarios y los proyectos para un eventual segundo mandato.

Al atardecer, Funes de Rioja atendió su celular. Era Sica. “¿Cómo lo van a tratar así a Nacho? íEsto fue una emboscada!”, protestó. Diplomático, el jefe de la COPAL se deshizo en disculpas. Pidió paciencia y reiteró su compromiso con la gestión. Veterano de mil lobbies patronales y abogado de empresas desde hace décadas, Funes vaticinó durante el vendaval del año pasado ante quien quisiera oírlo que la cosecha de granos de este verano salvaría al Gobierno.

La cosecha fue récord, efectivamente, pero no alcanzó para estabilizar la macro hasta el aporte de campaña más decisivo de todos: el que hizo el Fondo Monetario cuando dio su aval para que el Banco Central vendiera dólares en caso de necesitar frenarlo.

Pérez Riba es hijo del expresidente de la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA), Diego Pérez Santisteban, quien abandonó esa responsabilidad cuando asumió Macri para incorporarse como asesor al Instituto Nacional de Tecnología Industrial ( INTI).

El titular del INTI, Javier Ibáñez, admitió en febrero de 2018 que Pérez Santisteban estuvo contratado como asesor durante esos dos primeros años de su gestión. Sus honorarios para entonces eran de $54.000 mensuales (unos $86.000 de hoy), aunque el INTI también costeó un viaje que hicieron juntos padre e hijo para conocer la industria catalana. Semanas después, Ibáñez despidió a más de 250 profesionales de carrera del instituto y desencadenó el peor conflicto sindical de su historia.

El hijo del importador tampoco es el único funcionario con lealtades repartidas entre Sica y Cabrera en el Ministerio de la Producción. La secretaria de Comercio Exterior, Marisa Bircher, lo dejó en evidencia la semana pasada cuando le agradeció a “su jefe Pancho Cabrera” por el apoyo que le brindó durante las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea. Estaba presente Sica, su jefe en los papeles, al que después le agradeció también.

Salvavidas pinchados

Aunque sin presencia gubernamental, una catarsis parecida a la de la COPAL se vivió este martes en la reunión de Junta Directiva de la Unión Industrial Argentina. Los técnicos de la central fabril expusieron otra vez los números de la catástrofe manufacturera: 134.311 puestos de trabajo perdidos desde que asumió Macri (12% del total), 64.232 en el último año (175 por día), desplome del 8,6% en la actividad del sector en los primeros cinco meses de 2019 y un promedio de más de cuatro cierres de fábricas por día (hay 1.676 menos empresas en el rubro que un año atrás, según la AFIP).

Aunque en el Centro de Estudios de la UIA esperan tocar fondo en agosto y empezar a recuperarse, los primeros datos de julio indican que la caída no frenó. En el sector no hay un solo dato a favor. De los 26 rubros en los que se divide la industria, 20 cayeron ininterrumpidamente durante la gestión de Macri.

El uso de la capacidad instalada cayó a un mínimo del 62%, pero si no se contabilizaran la industria del petróleo ni la del acero estaría por debajo del 50%. Un guarismo solo alcanzado en 2002.

Una usina de alimentos expresa esa debacle mejor que cualquier otra. Es Arcor, que acaba de cerrar su planta de La Campagnola en Mendoza y a la que anteayer la calificadora Moodys decidió rebajarle su calificación crediticia por su elevada deuda en dólares.

El año pasado anotó su segunda perdida para un ejercicio completo desde su fundación en 1951. La anterior fue en 2002. La tercera, si todo sigue como hasta ahora, será este año. El balance del primer semestre recién se cierra en septiembre, pero el del primer trimestre ya arrojó otro quebranto.

“El Gobierno ya venía arriba del Titanic con todos nosotros diciéndonos que no nos preocupemos porque el iceberg se iba a correr. Ahora además se puso a pinchar los salvavidas!”, ironizó en la reunión del martes en la UIA el diputado y fabricante de zapatillas José Ignacio de Mendiguren. El diagnóstico es compartido por el titular de la UIA, Miguel Acevedo, otrora su rival interno. Los une el espanto.

En Avenida de Mayo y Lima miran encuestas con fruición pero nada los entusiasma demasiado. La mayoría sufre por las alternativas que habrá sobre la mesa en el cuarto oscuro. Algunos votarán a Roberto Lavagna con convicción pero sin gran esperanza. Otros (pocos) empiezan a soñar con el batacazo de Alberto Fernández que auguran ciertos sondeos.

Como uno que circuló en el entorno más íntimo del candidato, que registra la misma remontada de Macri que midió Management & Fit pero que le asigna a la fórmula F-F un 43% de la intención de voto. Dos puntos menos que los necesarios para imponerse en primera vuelta.

El cisne negro calvo

Esa misma encuesta que recibió Fernández, con datos registrados entre el 7 y el 10 de julio, explica por qué María Eugenia Vidal enfocó todos sus cañones en La Cámpora con el lema “Axel es Máximo”. La agrupación juvenil que orienta el hijo de la expresidenta tiene una imagen negativa récord, de más de 46%.

A 20 días de las elecciones, nada es azaroso. Ni el populismo de emergencia que desplegó el oficialismo en su gestión (desde el Ahora 12 hasta los créditos ANSES, pasando por el alivio a los deudores hipotecarios en UVAs) ni los misiles teledirigidos que dispara Jaime Durán Barba.

La encuesta también muestra un debilitamiento de Lavagna y un notable crecimiento del ultraliberal José Luis Espert, que aparecen casi empatados, con cerca de 7% cada uno. Lo que arrima al binomio peronista al triunfo sin necesidad de balotaje es esa polarización anticipada de las preferencias electorales.

Si un Lavagna con 25% de los votos ponía en riesgo la reelección de Macri dos meses y medio atrás, en plena corrida, la posibilidad de un Espert con el 10% también puede complicarla seriamente. Un cisne negro que Marcos Peña no está dispuesto a dejar volar, como probó la llamativa impugnación de su candidato a gobernador bonaerense, Guillermo Castello, ayer por parte de la Justicia Electoral federal.

Como cada voto cuenta, y como Macri necesita que lo empujen desde abajo tanto Vidal como Horacio Rodríguez Larreta, el lema oficialista de la semana fue “boleta completa”. Así lo escribieron textualmente en sus cuentas en redes sociales todos los funcionarios de primera, segunda y tercera línea de los gobiernos nacional, provincial y porteño. Verticalismo al palo.

Uno de los que lo tuiteó con mayúsculas (“BOLETA COMPLETA”) junto a una foto de Macri, Vidal, Larreta y Pichetto fue el secretario de Industria, Fernando Grasso. El tuit fue muy comentado en la UIA, donde todavía algunos lo recuerdan como “Fer”, el economista jefe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA) hasta diciembre de 2015.

Ahí, además, era la mano derecha de su presidente, Juan Carlos Lascurain, quien esta semana empezó a ser juzgado por el presunto desvío de 50 millones de pesos de las obras de la usina eléctrica de Río Turbio, en Santa Cruz.

Eran otros tiempos y el hoy secretario de Industria todavía militaba en Nuevo Encuentro, el partido de Martín Sabbatella. Su entusiasmo desarrollista lo llevaba a enfrentar enemigos poderosos como el hoy jefe de su jefe, a quien una vez le dedicó una nota de opinión titulada “Macri quiere importar canguros”, firmada junto a Gonzalo Ruanova. Fue después de un viaje a Oriente del cual el entonces candidato volvió fascinado con el modelo australiano y pidió enfocar a la Argentina en minería, turismo y agroindustria.

“En un ejercicio de modesta docencia, le señalamos a Macri que la falsedad en las premisas únicamente puede conducir a una falacia. El desarrollo es un proceso nacional. Por lo tanto, pretender importar modelos de otros países de manera acrítica y desde el desconocimiento sobre sus particularidades, refleja un alto grado de miopía y superficialidad que nos vemos en la obligación de señalar”, escribió aquella vez Grasso.