Masacre de Rincón Bomba: “Hubo un brazo ejecutor que fue el Estado a través de Gendarmería”

Los abogados chaqueños Julio García y Carlos Díaz, que actuaron en la causa, afirmaron en CIUDAD TV que el Estado veía a los indígenas como enemigos a combatir y que sorprendió el silencio de varios sectores de la sociedad en todos estos años. “Estigmatizaron al colectivo indígena generando miedo hacia ellos”, señalaro; asegurando que en el procedimiento realizado en suelo formoseño, "hubo ametrallamiento, persecución terrestre y aérea y tumbas comunes".

Carlos Díaz y Julio García en "Agenda Circular".

Ambos letrados tuvieron la responsabilidad de investigar la “Masacre Rincón Bomba”, ocurrida en Formosa en 1947, donde “Gendarmería asesinó a pueblos originarios” y, tanto García como Díaz indican que, el de la Corte Suprema, fue “un fallo histórico para el pueblo Pilagá. Una muy buena sentencia, porque permite el acceso a la justicia de los pueblos indígenas”.

Narraron que “había un Estado que los veía como enemigos a los que había que combatir. Había que desintegrarlos a cualquier precio, aunque fuera con la muerte. Es el dato jurídico que surge de la causa”; y aseguran que “acá hubo un brazo ejecutor, que fue el Estado nacional a través de Gendarmería”.

Agregando que “también hubo bombardeo y ejecutamiento a los que iban escapando. Se ha considerado un genocidio y un crimen de lesa humanidad, lo cual trae consigo que es imprescriptible en el tiempo, porque esto ocurrió hace 72 años”.

Los abogados opinaron también “que tantos años después se haya condenado al ideólogo, que fue el Estado nacional, es fundamental. Había mucho material probatorio cuando empezamos la investigación, pero también había un total desconocimiento en el pueblo de Formosa, porque todo esto era un secreto a voces dentro de la comunidad Pilagá”.

“Cuando logramos que se abran las cajas que era todo reservado, se logra un cúmulo de información muy valiosa”; recordando que, “en el caso de Napalpí, hecho ocurrido en el Chaco en 1924, teníamos más antecedentes que lo que pasó en Rincón Bomba”.

Para los letrados, “en el trabajo primario nos sorprendió el silencio de varios sectores, sociales, académicos, entre otros. Había una decisión colectiva, pero creo que el pueblo argentino ha llegado a un grado de madurez que en su momento no tenía la sociedad; y los propios indígenas protagonizaron la necesidad de que se investigue, porque había personas que estaban vivas”.

Mencionaron como ejemplo el del, “doctor Leandro Posta, imputado en la causa, quien había sido felicitado por haber matado a cinco indígenas. Ingresa a la Justicia Federal y llega a ser juez de Cámara en Resistencia y es uno de los magistrados que ordena la libertad de los imputados en la causa de Margarita Belén. Por eso este fallo es un fuerte llamado de atención”.

Más adelante, mencionaron que la condena “tiene un resarcimiento patrimonial y otro no patrimonial”; y refieren “como una indemnización, la realización de un monumento, el perdón del Estado y el compromiso de que no vuelvan a ocurrir casos como éste. Como también becas de estudio para la comunidad Pilagá”.

Acotando que, en aquella época, “primero estigmatizaron a un colectivo, generaron miedo hacia ellos, y la comunidad aborigen no pedía respuestas mágicas. Se impedía una concentración porque generaba una situación que se podía salir de control, en términos de seguridad, y bajo ese argumento se armaron, llevaron alimentos – algunos en mal estado – que ocasionaron varias muertes. Eso generó mayor descontento por parte de la comunidad indígena y no tuvieron mayor respuesta que la represiva”.

Detallaron que en esa oportunidad, las fuerzas de Gendarmería “colocaron dos nidos de ametralladoras, y a las 18 comenzaron el ametrallamiento, y durante 20 días los persiguieron, no sólo por tierra sino también por aire. Las tumbas comunes, que se fueron encontrando, fueron cinco; pero estimamos que son muchas más y determinan por dónde se los iba persiguiendo y matando. Había una infinidad de cadáveres, niños, mujeres, ancianos y se veían disparos en la cabeza, todo un horror”.

Continuaron revelando que, “recién en 1953, el Estado dicta una ley para enrolar a todos los integrantes de las comunidades indígenas. Antes no había partidas de nacimiento, nada. Eran invisibles”, y finalizan haciendo saber que “nos ha llegado información de distintos casos, como los ocurridos al pueblo Mocobí o al Toba. Hay hechos aleccionadores de este tipo que explican la situación de esclavización de esa época”.

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