Diputados de Cambiemos pidieron al Congreso la intervención federal de la UNCAus

Fue tras los presuntos hechos de corrupción que se habrían perpetrado en dicha universidad durante la gestión del por entonces rector, Omar Judis, hoy procesado por la Justicia Federal. El pedido de intervención lo presentaron en el Congreso y lleva la firma de diputados nacional de Cambiemos, incluidos los representantes chaqueños Aída Ayala, Horacio Goicoechea y Alicia Terada.

Un grupo de diputados nacionales de Cambiemos presentó el lunes pasado un proyecto de ley para autorizar la intervención federal de la Universidad Nacional del Chaco Austral (Uncaus). Fue tras los presuntos hechos de corrupción que se investigan en esa casa de altos estudios de Sáenz Peña, que lo tienen al ex rector, Omar Judis, entre los procesados. Piden además que el interventor haga una auditoría y llame a elecciones.

La iniciativa parlamentaria fue presentada el lunes y ya fue girada a las comisiones de Educación y Hacienda. La misma establece “la intervención federal de la Universidad Nacional del Chaco Austral –UNCAus- conforme lo establecido por el artículo 30° de la Ley 24.521 de Educación Superior, a fin de posibilitar su normal y pleno funcionamiento institucional y garantizar el cumplimiento de la mencionada ley”.

Además, declara “el inmediato cese de los mandatos de Rector, Vicerrector, Consejeros Superiores y Departamentales”. “El Poder Ejecutivo Nacional, a propuesta del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación, designará un rector-interventor, con las atribuciones propias del cargo y las que normalmente corresponden al Consejo Superior y a los Consejos Departamentales”, sostiene la iniciativa.

En su artículo cuarto, fija el plazo de la intervención en 180 días, dentro del cual el rector-interventor deberá convocar a elecciones de consejeros docentes, no docentes, estudiantes y graduados, y se deberá proceder a la elección de las nuevas autoridades. “Todas las designaciones que disponga el rector-interventor serán consideradas en comisión y por el plazo máximo de 180 días.

“El rector-interventor deberá requerir la inmediata participación de la Auditoría General de la Nación con el objeto de efectuar una auditoría integral de la universidad intervenida”, agrega y añade que “a los efectos de poder desarrollar su función, el rector-interventor podrá solicitar al juez federal competente el auxilio de la fuerza pública”.

El proyecto está firmado por los diputados de Cambiemos, Aída Ayala, Alicia Terada, Horacio Goicoechea, Elisa Carrió, Paula Olivetto, María Martínez Villalda, María Lehmann, Héctor Flores, Cecilia Vera González, Juan López, Javier Campos y Marcela Campagnoli.

“A partir de investigaciones llevadas a cabo por organismos estatales en el marco de sus competencias, a saber, el Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia y la Sindicatura General de la Nación, se encuentra suficientemente acreditado, a los fines del presente, el acaecimiento de hechos que dan cuenta del quebrantamiento manifiesto de la Ley 24.521, del Estatuto Académico Provisorio y de normas internas y administrativas, por parte de una organización de sujetos que mantienen el control político-normativo de la UNCAus, impidiendo su normal funcionamiento”, señalan los diputados en sus fundamentos.

“Se evidencia que la universidad se encuentra en la actualidad en una situación fáctica en la que las elecciones se encuentran suspendidas judicialmente desde hace más de un año, viéndose imposibilitada la renovación regular de los órganos gubernamentales que deben garantizar su normal funcionamiento”, indicaron los legisladores.

“Adicionalmente, sus órganos de gobierno colegiados se encuentran integrados por consejeros ilegítimos, que asumieron como consecuencia de un proceso eleccionario fraudulento, y la jerarquía máxima de su órgano administrativo es ejercida por un sujeto que responde contractualmente y defiende judicialmente a Omar Vicente Judis, quien está acusado de ser el jefe de una organización cuyo fin es la desviación de fondos públicos hacia su patrimonio privado y el de quienes lo secundan, impidiendo su normal funcionamiento y violentando lo prescripto en la Ley de Educación Superior”, agregaron.

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