Impulsan una ley para revocar autorizaciones de desmontes en “zonas amarillas”

Los diputados Aurelio Díaz (PO) y Andrea Charole (PJ) presentaron un proyecto de ley por medio del cual plantean la revocatoria de los permisos otorgados por el gobierno provincial para realizar desmontes en las denominadas “zonas amarillas”. El pedido coincide con lo solicitado por organizaciones ambientalistas, entre ellas Greenpeace.

Desmonte en el Chaco (Foto ilustrativa/Gentileza Greenpeace)

La iniciativa legislativa ingresó este miércoles y lleva el número 2190. La misma plantea la anulación de las disposiciones de re categorización de zonas clasificadas como amarillas por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, producidas por la Subsecretaría de Recursos Naturales del Ministerio de Producción entre 2012 y la fecha de la promulgación de la presente.

Además establece la anulación de los permisos de desmonte otorgados por la Dirección de Bosques en Zonas Amarillas en el mismo período y la suspensión de todos los permisos de desmonte en la Provincia del Chaco.

“La crisis ambiental que vive la provincia, con inundaciones masivas y sequías prolongadas, es en buena medida el resultado del desmonte masivo de bosques nativos que se incrementó en la provincia en los últimos 20 años, de la mano del avance de la frontera agropecuaria. El monte absorbe el exceso hídrico y cumple un rol esencial de regulador del ambiente. El golpe a esta regulación es uno de los pilares de la crisis ambiental actual”, fundamentaron los legisladores.

“La Ley de Bosques sancionada bajo el Gobierno kirchnerista estableció un ordenamiento para los desmontes en zonas verdes, amarillas y rojas. En las zonas amarillas no se permite desmontar. Sin embargo, con la resolución 1103/2012 de la Subsecretaría de Recursos Naturales del Ministerio de Producción, se permitió la recategorización de zonas, permitiéndose usos de explotación agroganadera y silvopastoril que derivaron luego en autorizaciones de desmontes otorgadas por la dirección de Bosques. En esas condiciones hay 53 predios de toda la provincia abarcando mas de 32.000 hectareas de monte nativo”, añadieron.

“Las denuncias de diferentes organizaciones, como el Centro Mandela, Greenpeace o el agrupamiento Somos Monte, combinadas con la crisis que generaron las inundaciones, provocaron que el gobierno diera marcha atrás con el ordenamiento normativo para garantizar los desmontes. Así, mediante el decreto 289/2019 decreto del mes de enero, el gobernador anuló la disposición 1103/2012 y el decreto 233/2017, entre otras disposiciones apuntadas a recategorizar masivamente los terrenos. Esto no implica, como se salió a decir a los medios, que se “suspendan los desmontes”. Se suspenden las nuevas recategorizaciones, pero quedan todavía los 53 expedientes aprobados en zona amarilla”, afirmaron.

“El presente proyecto de Ley apunta a proteger esos terrenos que de las autorizaciones de desmontes que fueron otorgadas bajo una reglamentación irregular, como un paso necesario en el camino de la prohibición total de los desmontes, una medida necesaria para ponerle fin a la explotación depredatoria del monte nativo y su correlato de crisis ambiental”, finalizaron.

Compartir