Aseguran que el decreto de Emergencia Educativa “rompe el contrato social pedagógico”

A través de un tercer documento referido a la situación educativa en el Chaco, el Colectivo Pedagogía de la Emancipación criticó el decreto que declaró la Emergencia Educativa por el período de un año en la provincia. Pidieron su derogación.

Aseguran que el decreto de Emergencia Educativa “rompe el contrato social pedagógico”

Los abajo firmantes, docentes, investigadores y estudiantes de diferentes lugares del Chaco, de distintos niveles y modalidades del sistema educativo provincial y de la Universidad Nacional del Nordeste, solicitamos a las autoridades del Poder Ejecutivo de la Provincia del Chaco, así como también a las diputadas y los diputados del Poder Legislativo, la derogación inmediata del Decreto 1014/19, emitido con fecha 1 de abril de 2019, por el que se declara la Emergencia Educativa en todo el ámbito de la provincia del Chaco por el término de un (1) año, porque entendemos el mismo como atentatorio de derechos consagrados, a saber:

1) En primer lugar, porque este Decreto, producido con fecha anterior a la realización de la reunión prevista en el marco de la conciliación obligatoria, rompe el contrato pedagógico en la provincia, clausurando toda posibilidad de diálogo que apunte a la resolución de un conflicto generado en las políticas de ajuste y desresponsabilización del Estado nacional respecto de la Educación, que si bien sabemos han puesto a la provincia en una situación difícil, la misma no debiera oficiar como justificativo para el alineamiento de las políticas provinciales a la aberración de las políticas nacionales.

La Comisión de Política Salarial y Condiciones Laborales es y debe ser el ámbito para la discusión –que comenzó muy tardíamente a fines de febrero- de todas las cuestiones que el presente decreto establece de modo unilateral, avallando derechos tanto de docentes como de estudiantes, ya que, por ejemplo, vulnera artículos fundamentales del Estatuto Docente.

Baste menciona, como ejemplos, “la implementación de un sistema de valoración incorporando premios estímulos”, así como también “la revisión de planes de estudios en relación a las plantas orgánicas funcionales”. Aclaramos en este punto que en el nivel secundario están aprobados los planes de estudios por la Dirección Nacional de Títulos y equivalencias del Ministerio Nacional para la validación de los títulos de los estudiantes que egresan desde la cohorte 2014 de Modalidad Artística y Cohorte 2016 de Modalidad secundaria común; por Ley Provincial 1942 (antes 6810/11), en la que se resguarda la estabilidad laboral de los docentes titulares e interinos durante la transformación educativa.

La referencia a cambios de planes de estudios que menciona dicho decreto permite abrir sospechas sobre los cambios en planes de estudios en el Nivel superior sin reubicaciones del personal titular hasta la fecha y el peligro de recortes de carreras en los Institutos de Formación docente del cual rechazamos todo sistema de “acreditaciones” para los IES en la provincia; acción que se ve reflejada en un nuevo intento de volver a instituir los procesos de “acreditación” de los Institutos como en los años ´90; pero esta vez a través de la creación de una “Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación de Institutos de Formación Docente (CONEAFOD) de acuerdo a los requerimientos de la política nacional.

2) Porque, a pesar de los numerosos considerandos que hacen referencia a los derechos y garantías constitucionales, lo cierto es que este gobierno viene incumpliendo lisa y llanamente, en los últimos tres años, con el artículo 83 de la Constitución provincial que establece un piso del 33% del presupuesto provincial para Educación. Este artículo, que recién comenzó a cumplirse en 2008 –estaba vigente desde la reforma constitucional de 1994–, con el presupuesto del año en curso bajó al 25%, previendo un recorte del 19 por ciento de cargos docentes (5.846) y del 13 por ciento de horas cátedras (33.406).

3) Esta política a todas luces de ajuste, por otra parte, –y no por casualidad– se enmarca en el tercer ciclo histórico de la desresponsabilidad del Estado nacional (y también provincial) respecto de su deber indelegable de garante de derechos. Por eso denunciamos oportunamente, y lo volvemos a hacer en este contexto, el desguace de la educación pública puesto de manifiesto en el recorte real del 42 por ciento del presupuesto educativo nacional respecto del año anterior, con el cual la inversión educativa en relación al PBI descenderá al 3,8%, casi tal como estaba en el 2003. Recordemos que al término del 2015 tal inversión representaba el 6,5% del PBI.

4) Porque el ajuste ratificado en el Presupuesto provincial implica no sólo la eliminación de cargos/horas cátedra sino –y con ello, necesariamente–, el cierre de cursos de escuelas secundarias públicas en nuestra provincia, como excusa del Estado Provincial ante la dramática pérdida de matrícula escolar que afecta a tal nivel (la que experimentó un incremento considerable entre 2010 y 2012, de alrededor del 30 por ciento, y que hoy sufre una caída del 45 por ciento). Lo mismo ocurre con grados del nivel primario, lo que implica –en ambos casos– el cierre de las oportunidades de nuestros niños y adolescentes de dar continuidad a su trayectoria escolar. Y aquí es donde este decreto revela una profunda contradicción con “El interés superior del Niño” que esgrime como argumento. Por eso es violatorio de toda la legislación internacional, nacional y provincial que tienen rango constitucional.

5) Porque cuando en el decreto se hace referencia a “optimizar el recurso humano en pos de la calidad educativa”, resulta evidente que “optimizar” significa ajustar y que la expresión mencionando la “calidad educativa” constituye una contradicción en sí misma.

6) Nosotros sostenemos que la solución no es plegarse a la lógica del ajuste y conculcación de derechos que practica el gobierno nacional, sino salir a buscar a quienes nos faltan en las aulas, porque por cada grado y curso que se cierra se cercena el derecho social a la educación de alumnas y alumnos –en su gran mayoría provenientes de hogares carenciados– y de docentes que pierden sus puestos de trabajo o se quedan en disponibilidad. Porque, además, y sobre todo, la Educación Primaria y la Secundaria son por ley –nacional y provincial– obligatorias, y por lo tanto los Estados –nacional y provincial– son sus garantes indelegables.

7) Porque con un Estado nacional que lleva adelante un proyecto de miseria planificada que hoy ostenta, por ejemplo, a un 80% de la docencia por debajo de la línea de la pobreza, un millón 600 mil niños, niñas y adolescentes en el país que no reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) a pesar de que se encuentran en el universo de potenciales titulares de ese derecho, según los cálculos de Unicef; donde la pobreza infantil por ingresos asciende al 48% y más del 33% de los argentinos son pobres, un gobierno provincial popular que funda sus raíces en la justicia social, no puede ni debe alinearse con estas políticas nacionales que devastan el país y las provincias.

8) Porque, en la misma línea, apelar a la falacia de que sobran docentes implica desconocer que lo que sobran son niños y adolescentes que están fuera del sistema educativo; niños y adolescentes a los cuales, y a través de las medidas que se pueden deducir de este decreto, el Estado Provincial pretende condenar a la invisibilidad definitiva.

Nos expresamos fuertemente contra la falsa información lanzada a la opinión pública por el economista Guadagni, de la Universidad Privada de Belgrano, acerca de la cantidad de docentes por alumnos de secundaria, para sostener la idea de que sobran docentes. La pseudo información, repetida como verdad por el gobierno provincial, es falaz ya desde el método supuestamente científico que utilizan para construir opinión pública al respecto, consistente en comparaciones estadísticas de diferentes países –y hasta provincias entre sí– según criterios diferentes y arbitrarios. Por ejemplo, mientras consideran como datos de otros países o provincias, solamente la cantidad de docentes, –en muchos de los casos, designados por cargo y no por hora cátedra-, para el caso de nuestro país y de las provincias del nordeste y noroeste argentinos, presentan el número completo de personal, que incluye directivos, psicopedagogos, profesores, titulares, interinos y suplentes, y auxiliares docentes. Se trata entonces de una fake news (falsa noticia).

9) Porque lo que se advierte, claramente, al final de medidas de esta naturaleza, es el camino (como en los 90) no sólo de la desresponsabilización del estado respecto del Derecho Social a la Educación, sino también el de la mercantilización del sistema educativo, para entregarlo, una vez desguazado, a las corporaciones que hacen de la educación un comercio para pocos.

El otro camino, es el que estamos proponiendo, el de la Pedagogía de la Emancipación con todos y todas y cada uno de los sujetos de la educación dentro de las aulas; el camino de un Estado que abraza junto a los sujetos de la comunidad educativa la causa de la educación pública y su horizonte igualador como bandera innegociable. El de un Estado que somos todos y todas que sale decididamente a buscar a quienes nos faltan en las aulas, el que abre nuevas escuelas y aulas, el que está convencido de que todas y todos pueden y deben aprender. El que se planta frente a las políticas de saqueo neoliberal desde un ideario federal, solidario y emancipador. El de la Educación Pública de pie.

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