La desigualdad salarial chaqueña y su repercusión en el InSSSeP

El decreto 2983/18 dictado en pleno receso administrativo el 17/12/18 creando una "Bonificación por Responsabilidad Funcional" para autoridades superiores del Poder Ejecutivo y organismos autárquicos y descentralizados a partir del 1/11/18, de carácter remunerativo y no bonificable del 30% sobre básico, gastos de representación y suplementos, indica que el felino muestra las uñas.

Rosa Petrovich, secretaria General de la ATECh.

Por Rosa Petrovich, secretaria General de ATECH

A pocos meses de haber propuesto una reducción de haberes “con fin solidario”, a través de un proyecto inaceptable para la A.T.E.CH., y la Cámara de Diputados, demuestra que tal presentación fue una hipócrita acción alejada de las verdaderas intenciones del Poder Ejecutivo que sólo pretendió alejar la atención ante la reacción social por las jubilaciones con privilegio superiores a los $ 250.000= (pesos doscientos cincuenta mil), producto de la ley N° 7820/16 que anuló el tope jubilatorio.

Hoy los incrementos del decreto 2983/18 de carácter remunerativo beneficiaría también a estos jubilados, verdadera lacra previsional, acrecentando el déficit previsional por obra y gracia del mismo Poder Ejecutivo, levantando sus remuneraciones a $ 300.000= (pesos trescientos mil) para mantener “su poder adquisitivo”.

Estos incrementos indican la política salarial elitista del gobierno que se autoproclama nacional y popular, pero con acciones que indican una dirección oligárquica con beneficios especiales para un pequeño grupo de activos y pasivos de los tres poderes. Los fundamentos del decreto citado son la expresión acabada de la hipocresía gubernamental mencionando los miserables incrementos sectoriales a la administración pública, -parte de los cuales sin aportes-, condenando a los jubilados respectivos.

Pero además menciona el interés del gobierno en mantener el poder adquisitivo de estas autoridades superiores que por supuesto no tuvo en cuenta con los salarios de los docentes con pérdidas superiores al 40 % en tan solo el año 2018.-

Por lo tanto, una vez más rechazamos, desde la A.T.E.CH. el decreto 2983/18 y solicitamos a la Cámara de Diputados que no ratifique este instrumento legal que supone que, por “responsabilidad en sus funciones”, estos funcionarios necesitan una suma de dinero, verdadera tragedia para la ética pública!

 

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