Convulsiones judiciales de un empresariado demasiado amigo de los peajes

Para industriales como Luis Pagani, que rumia en privado su bronca contra el plan económico pero que todavía maniobra para no romper lanzas con el Gobierno, administrar una cabina de peajes sería casi un deshonor. Incluso aunque le convendría más que dejar de fabricar caramelos para poner un banco en la era de las Leliqs.

Alejandro Bercovich, periodista económico.

por Alejandro Bercovich

Arcor, la compañía que fundó su abuelo, anotó en los primeros nueve meses del año una pérdida récord de $6.247 millones. Su balance no difiere mucho de los de otras gigantes del rubro como Mastellone o Molinos. Sí contrasta como el día y la noche con los de la banca privada, que en octubre duplicó su rentabilidad. Y con las superganancias de concesionarias viales como las de los accesos Norte y Oeste, que esta semana arrastraron a Comodoro Py al hermano del presidente Mauricio Macri.

El miedo y la desazón que inundan las fábricas de todo el país por el combo de tasas de interés recontraaltas y derrumbe del consumo pudieron palparse esta semana en dos encuentros industriales. Uno, más populoso, fue el tradicional seminario ProPymes, donde la siderúrgica Techint reúne anualmente (desde la crisis de 2001) a los metalúrgicos que le compran chapa.

El otro, más reservado, fue el almuerzo de fin de año de la Cámara de Industriales de Productos Alimenticios (CIPA), donde pisa fuerte Arcor. Acero y caramelos, diría Alejandro Estrada.

Un fugaz sobrevuelo por esos dos eventos permite entender por qué el presidente de la Unión Industrial Argentina ( UIA), Miguel Acevedo, confesó la semana pasada que el empresariado está “decepcionado” con el Gobierno. Y por qué avaló que uno de sus vices, Guillermo Moretti, participara ayer junto a referentes de gremios y movimientos sociales de la entrega a la Pastoral Social de un documento que reclama un “cambio de dirección” del rumbo económico, ante la “preocupante” situación social.

Un documento que nació de un encuentro en la Universidad de Lanús revelado en esta columna el 26 de octubre. La rebelión de los “llorones”, como los definió tiempo atrás Francisco Cabrera.

En el almuerzo de CIPA, el economista Rodolfo Santangelo trazó ante los fabricantes de alimentos el mismo panorama lúgubre que viene dibujando ante diversos auditorios su socio Carlos Melconian, presidente del Banco Nación durante el primer año de Macri en la Rosada. La recesión, vaticinó, va a extenderse durante todo 2019.

El pronóstico coincidió con el que les había remitido en secreto días antes a un puñado de multinacionales la consultora Kantar Worldpanel: el consumo masivo seguirá cayendo fuertemente (un 5%) durante toda la primera mitad de 2019 y recién repuntará levemente (un 1,6%) a partir de julio.

Punta a punta, según el informe de Kantar, el año que Macri aspira a convertir en el de su reelección registrará una caída de más del 3% en la venta de productos de primerísima necesidad, como leche y panificados. Tras un desplome de casi el 7% como el de este año, lo del segundo semestre será el rebote de un gato muerto.

Y el empleo fabril tampoco depara buenas noticias: a los 120.000 empleos fabriles que se habrán perdido para fines de 2018 desde que asumió Macri, Santangelo prevé que en 2019 se sumarán 30.000 cesanteados más. Sería la primera vez que el electorado compre tanta frugalidad.

Musculá
A lo Serafín Dengra, en su ProPymes, Paolo Rocca optó por una arenga contra la mufa. “Estamos tocando fondo”, arguyó ante el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica. “Vislumbro que a partir del segundo trimestre tendremos señales positivas de la realidad, del campo y de una vuelta de nuestra capacidad exportadora”, agregó, sin apoyarse en ninguna cifra en particular.

Para eso – le recordó a Sica, amable pero firmemente – el Gobierno no debería dejarse tentar con el viejo truco de clavar el dólar y que se atrase el tipo de cambio.

Rocca reapareció después del cimbronazo que representó para todo el establishment el pedido de prisión preventiva que dictaron en su contra los fiscales Carlos Rívolo y Carlos Stornelli en la causa de los cuadernos del chofer Oscar Centeno. Se mostró explícitamente alineado con Estados Unidos en su batalla contra el acero chino, que denuncia como competencia desleal desde hace más de una década, cuando renunció a poner él mismo una pata en el gigante asiático.

Así dio por tierra con las hipótesis más conspirativas que vinculaban las decisiones de Rívolo y Stornelli con el Lava Jato y el regreso de las grandes contratistas estadounidenses al Cono Sur. “Es importante mantener una relación muy cercana con Estados Unidos. Su gobierno está apoyando a la Argentina muy fuertemente”, laudó.

El problema para Paolo, más que la Casa Blanca, pueden ser los estudios de abogados, los bancos y los fondos de inversión de Wall Street que vean un filón de oportunidad en quebrar a Techint y hacerse de sus activos o de su mercado. Son poderes que pueden pesar más que la simpatía de Washington, sobre todo por las estrictas normas anticorrupción que impone la Comisión de Valores norteamericana (SEC) a quienes cotizan en Wall Street.

Por eso es tan vital para la “T” que aparezca alguna prueba de la coartada que esgrimieron en tribunales Rocca y su lobbista en jefe, Luis Betnaza: que los pagos a Centeno no fueron una coima para obtener una indemnización más jugosa de Hugo Chávez, a quien apadrinaron tanto en sus albores, sino apenas un incentivo para que Cristina Kirchner rescatara de sus garras expropiadoras a los ingenieros argentinos y sus familias.

El problema para la patria contratista es que la causa no terminó en los cuadernos sino que apenas empezó con ellos. Y que aparecieron testimonios como el del “arrepentido” Claudio Uberti, extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), quien dijo haber cobrado más dinero que el que confesó Techint haberle pagado a Roberto Baratta.

El exfuncionario, eyectado de la aministración kirchnerista tras el escándalo de las valijas del venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson, incriminó además a Eduardo Eurnekian y a la familia del Presidente, en ambos casos por sus cabinas de peaje. Declaró haber recaudado US$ 150 mil por mes de cada concesionario vial.

Incendios
Gianfranco Macri compareció este jueves ante Bonadío, evitó defender su padre y mandó a los cronistas tribunalicios a preguntarle “a él” si había pagado coimas para mantener sus cabinas de Autopistas del Sol durante el kirchnerismo, al que apoyó incluso cuando su primogénito buscaba destronarlo. Ausol, en rigor, es controlada por el consorcio español Abertis y tiene como socia a la italiana Impregilo.

La constructora del grupo Macri, SIDECO Americana, tuvo entre 1994 y 2001 un 23% del capital y redujo esa participación al 10% en 2001 a cambio de u$s 120 millones, tras asegurarse la contratación de sus constructoras para las obras de los años ’90. En 2004, como explicó Gianfranco, se licuaron las participaciones al incorporar un refuerzo de capital. Pero los Macri mantuvieron un 7% que recién vendieron el año pasado, después de que las acciones de Ausol treparan 394% por las subas de peajes dispuestas por el Gobierno.

Eso no es todo. Las multinacionales europeas que se quedaron con los peajes de los accesos tienen a su vez otros vínculos con la familia presidencial. Abertis pertenece a Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, con quien Macri compartió negocios en el mundo del fútbol. Impregilo es un grupo constructor italiano fundado en 1959 en Milán, con más de 17.000 empleados y obras viales en toda Latinoamérica, pero con una particularidad: en casi todos sus negocios en Argentina aparece asociado a los Macri.

Una de las prósperas empresas contratistas del Estado que compartieron durante años los Macri con Impregilo es la línea de alta tensión que transporta la energía generada por Yacyretá (Yacylec S.A.). Esta semana, el diario La Nación reveló que el Tribunal Fiscal de la Nación dictaminó que Yacylec le debe a la AFIP 46 millones de pesos en impuestos atrasados, multas e intereses acumulados, además de las costas del juicio que hizo para intentar evitar pagar.

Llamativamente, apenas 24 horas después se incendió en el sexto piso de la sede central de la AFIP la oficina de Causas Tributarias, donde se almacenan expedientes y actuaciones administrativas como las que se ventilaron en ese juicio en el Tribunal Fiscal.

El siniestro en la AFIP fue el segundo en 9 días. Los voceros de Leandro Cuccioli aseguraron mediante un comunicado que solo “se dañaron algunos muebles y una computadora”, que de esa computadora “no se afectó la información del disco rígido” y que “los originales (de los expedientes) no se vieron afectados” porque ahí solo había copias.
Las fotos que sacó el personal al llegar ayer al edificio, no obstante, muestran biblioratos mojados y quemados y una PC derretida. Las fuentes del ente recaudador consultadas por BAE Negocios aseguraron que allí sí se guardaban originales.

Son demasiadas coincidencias como para que una parte del establishment no empiece a mirar con desconfianza a todas las cabinas de peaje, materiales y metafóricas. A fin de cuentas, ya en febrero del año pasado un organismo de control estatal advirtió que Ausol cubría con creces sus costos operativos antes de las subas de los peajes que concedió Guillermo Dietrich. Y que su margen bruto de ganancia promedio figuraba entre los más altos del país.

Así figura en el expediente 8719 de la OCCOVI elevado a la Auditoría General de la Nación (AGN), donde también se denuncia que las pérdidas netas que declaró durante las dos décadas de concesión se originaron en maniobras como la contratación de contratistas controlados por sus mismos accionistas, con probables sobreprecios y sin licitación, y a intereses que abonó Ausol a prestamistas no identificados que también se intuye vinculados a sus dueños.

Es cuestión de ser y de parecer. Como el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, artífice del ajuste monetario que estrangula a la industria y anfitrión de una megafiesta de fin de año el viernes pasado en el Club de Empleados del Banco Central, en Villa Madero, donde hubo cena, premios y show en vivo para más de 1.500 empleados y funcionarios.

En un contexto donde tantas empresas suspendieron sus fiestas por la crisis, algunos en el Gobierno se incomodaron. No es el único reproche airado que recibió en las últimas horas. ¿Seguirá firme en el cargo o será una mujer la que siga aplicando el plan del FMI?.

VIAPublicado en Bae Negocios
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