Caso González: “La tortura y el gatillo fácil en el Chaco no son hechos aislados”

Los abogados del Comité de Prevención de la Tortura y la Secretaría de Derechos Humanos, Roberto Sotelo y Paulo Pereyra, respectivamente, fundamentaron el pedido de prisión perpetua por “tortura seguida de muerte” para los siete funcionarios policiales involucrados en la muerte de Cristian González.

Paulo Pereyra y Roberto Sotelo

Cristian González, de 45 años, fue detenido la noche del 24 de diciembre del 2015 en vísperas de navidad por efectivos de la Comisaría Seccional Undécima, del Barrio Provincias Unidas, tras la denuncia de un vecino de que habría arrojado piedras a la luneta trasera de un vehículo estacionado en el barrio San Cayetano. Horas más tarde, a las 11:30 del viernes 25, su cuerpo fue encontrado sin vida y brutalmente golpeado a la vera de la Ruta Provincial N° 13, a la altura del kilómetro 35, en cercanías a la localidad de Cote Lai.

El miércoles pasado concluyó la ronda de alegatos y la jueza unipersonal de la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional, María Virginia Ise, fijó la fecha del 26 de diciembre para la lectura de la sentencia contra los siete funcionarios policiales involucrados en la muerte de González.

Como querellantes en la causa, la Secretaría de Derechos Humanos del Chaco, el Comité de Prevención de la Tortura del Chaco y la abogada que representa al hijo de González unificaron sus pedidos y solicitaron que se condene a prisión perpetua a los siete policías por el delito de “tortura seguida de muerte”.

Consultados por CIUDAD TV, los abogados querellantes por la Secretaría de Derechos Humanos del Chaco y el Comité de Prevención de la Tortura fundamentaron el pedido de que se califique al hecho como “tortura seguida de muerte” a diferencia de lo solicitado por el fiscal penal especial de Derechos Humanos, Daniel Turraca, quién mantuvo la acusación por la cual elevó la causa a juicio: homicidio agravado por tratarse de funcionarios policiales y encubrimiento.

“La tortura y el gatillo fácil en el Chaco no son hechos aislados, es una práctica punitiva estructural, que la conocemos muy bien, porque conocemos a las víctimas, conocemos a los familiares de las víctimas de estas prácticas y además conocemos cómo funciona la lógica de la represión policial y penitenciaria en el Chaco”, afirmó el abogado de la Secretaría de Derechos Humanos del Chaco, Paulo Pereyra. En ese sentido, destacó la “decisión política” del titular de esa secretaría, Juan Carlos Goya, de constituirse como querellante en este tipo de causas “intentando visibilizar qué sucede en contexto de encierro en nuestra provincia”.

Con respecto al caso puntual, el abogado que representa al Comité de Prevención de la Tortura del Chaco, Roberto Sotelo, aseguró que corresponde que se condene a los imputados por “tortura seguida de muerte” porque se trata de “policías en ejercicio de sus funciones, que utilizaron los medios del Estado, como una Comisaría y un móvil policial”.

“Hemos sostenido, probado y dimos por cierto que en este caso hubo tortura seguida de muerte y responsabilidad de los funcionarios policiales”, afirmó Sotelo. En ese contexto, reconoció que “fue un proceso bastante dificultoso por todo lo que significa la investigación de una muerte que ocurre en una comisaría”.

“No es una cuestión de capricho sino por los elementos que están acreditados y probados en el expediente”, recalcó el abogado del Comité de Prevención de la Tortura.

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