Causa Residuos: antes de declarar ante el juez Bonadío, el intendente de San Martín consiguió un paraguas legal

Aldo Leiva fue sobreseído por la Justicia de General San Martín en el marco de una denuncia por el presunto desvío de fondos del Programa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos. Quienes posibilitaron su sobreseimiento tienen fuertes vínculos políticos con el jefe comunal: el fiscal era concejal de su partido y el juez era asesor legal del municipio. La sentencia podría ser usada por la defensa de Leiva para pedir el archivo de la causa que lleva adelante el juez federal Claudio Bonadío bajo el principio de que “nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito”.

El juez Federal, Claudio Bonadío indagará al intendente Aldo Leiva el 27 de septiembre.

El intendente de San Martín, Aldo Leiva, deberá presentarse a declarar el 27 de septiembre ante el juez federal porteño, Claudio Bonadío, en el marco de la causa que investiga el presunto desvío de fondos del Programa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos en un centenar de municipios de todo el país.

Sin embargo, no irá solo: tendrá un paraguas legal con la que podría solicitar el archivo de la causa federal. ¿Cuál es este paraguas? Una polémica sentencia de la Justicia de General San Martín en la cual resultó sobreseído por este mismo tema y con la que podría ampararse en el principio de “non bis in idem”. O dicho en castellano: nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito.

Los actores que posibilitaron su “sobreseimiento total y definitivo” en el fuero local tienen estrechas relaciones políticas con el jefe comunal. En primer lugar, quien realizó la denuncia que en 2017 inició la causa provincial fue nada menos que un miembro de su propio gabinete: el secretario de Planificación y Ejecución Presupuestaria municipal, contador Christian Centurión (la causa está caratulada como “Centurión, Christian Germán s/Denuncia”, expediente Nº1155/17).

CHACO DIA POR DIA intentó comunicarse con Centurión, quien se encuentra de licencia en el municipio de San Martín debido a que actualmente forma parte del gabinete de la intervención del municipio de Villa Río Bermejito. Del contador, sólo se logró una promesa para pautar una entrevista “más adelante”.

Con quién sí pudo dialogar este portal es con el propio Leiva. El intendente explicó que Centurión realizó esta denuncia porque es “obligación de cualquier funcionario” hacer una presentación legal ante las versiones de que se estaba cometiendo un delito contra la administración pública. “Lo hizo debido a la serie de acusaciones que se venían dando contra el convenio de Gestión de Residuos Sólidos que firmamos. Está obligado a hacerlo”, indicó el jefe comunal.

Exconcejal y exasesor legal

Por otra parte, el fiscal que analizó el caso y que pidió el sobreseimiento de Leiva fue Guillermo Codutti. Codutti también tiene fuertes lazos políticos con el jefe comunal ya que antes de convertirse en 2015 en fiscal Nº1 de General San Martín (provisorio) fue concejal del PJ en esa misma localidad, en el período 2011/2015. Incluso, logró ejercer la presidencia del bloque de concejales del justicialismo y la presidencia de la Asociación de Consorcios Camineros, todo con el respaldo del jefe comunal.

Con la denuncia de Centurión en mano, el fiscal enmarcó la acusación contra Leiva en los presuntos delitos de “violación a los deberes de funcionario público”, “defraudación agravada” y “malversación de caudales públicos”. Sin embargo, no pasó de ahí: tras solicitar algunas documentales, una pericial, la testimonial de un arquitecto y la declaración del propio Leiva, consideró que el intendente debería ser sobreseído de esta causa.

Finalmente, el juez subrogante que ordenó el sobreseimiento fue Luis Eugenio Allende, quien también tiene fuertes vínculos políticos con Leiva. Previo a asumir como juez de ejecución penal de General San Martín en 2014, Allende se desempeñó en el gabinete de Leiva en el cargo de presidente de la Caja Municipal de Servicios y Préstamos (asumió en 2011). Además, en su perfil de Linkedin, figura como exdirector Legal y Técnico del Municipio. De hecho, en algunas causas judiciales era el apoderado de la comuna. Ni el juez ni el fiscal consideraron que su vinculación política con Leiva eran motivos para excusarse.

“En autos quedó demostrado de acuerdo al frondoso causal de las pruebas colectadas que las conductas atribuidas al señor Aldo Leiva realizadas bajo su mandato de Intendente no resultan típicas para la configuración de los delitos de autos, y no han existido”, indicó el magistrado Allende en su sentencia.

“Como se puede advertir entonces”, prosigue el fallo, “no se evidencia en el desempeño de las funciones del Intendente inculpado una conducta omisiva dolosa por ende las precedentes consideraciones de hecho y de derecho analizadas, me llevan a concluir que corresponde dictar el sobreseimiento total y definitivo de la causa a favor del encartado”, añadió el juez subrogante del Juzgado de Garantías y Transición de la V Circunscripción. La sentencia es la Nº41 y tiene fecha del 27 de julio pasado.

“Sin fundamentos”

En diálogo con CHACO DIA POR DIA, el fiscal adjunto de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas e investigador del destino de los fondos para la Gestión de Residuos Sólidos en el Chaco, Dulgado Ferreyra, no sólo cuestionó los vínculos que hay entre el fiscal y el juez con el imputado Leiva sino también el contenido del fallo.

“Esta es una sentencia sin fundamentación: en sólo cinco reglones sostiene que no se cometió ningún ilícito”, cuestionó. “Le falta la valoración de las pruebas, fundamentación técnica y hasta una calificación legal. No hay análisis”, remarcó.

En relación a cómo podría utilizar Leiva esta sentencia, Ferreyra hizo alusión al principio de “non bis in idem”. “No sé qué va a pasar con el juez Bonadío cuando tenga que resolver sobre este tema porque seguramente Leiva le va a plantear al magistrado que ya fue juzgado por esta cuestión y legalmente no se puede juzgar a una persona dos veces por el mismo hecho. Es decir que técnicamente un planteo de estas características es algo procedente”, advirtió.

Faltantes

Cabe recordar que la Fiscalía de Investigaciones Administrativas emitió un dictamen el 17 de mayo pasado en el cual hizo una serie de observaciones a distintos municipios del Chaco por la cuestión de los fondos de los Residuos Sólidos. Entre ellos, estaba el de General San Martín.

De acuerdo a la FIA, la comuna recibió el 30 de junio de 2014 la transferencia de $3.500.000 a través de la Jefatura de Gabinete, para el proyecto “Mejora en la gestión de RSU”. Asimismo recibió el 29 de diciembre de 2014 $3.873.000 para el mismo proyecto.

Los componentes del proyecto eran: saneamiento del basural a cielo abierto ($800 mil); construcción y equipamiento de planta de tratamiento ($1.5 millones); celda de disposición final ($900 mil) y campaña de concientización ($300 mil). Con respecto a la segunda transferencia, el convenio establecía la compra de maquinaria y equipamiento para la gestión integral de RSU por $3.873.000.

El Contador Auditor de la FIA no emitió informe por “no contar con la documentación debido a que el secretario de gobierno dijo que no las tenía a mano”. Se le dio una prórroga pero nunca envió la documental, informó.

El organismo de contralor se constituyó en el municipio para constatar la existencia de la planta de tratamiento de residuos “pero donde debería estar un galpón destinado a esa tarea se observaron cimientos bajo agua a metros de la ruta 7”.

El Tribunal de Cuentas (TC), por su parte, sostuvo que se analizó la documental, se comparó con lo realizado y se determinó “que se relacionaba con la finalidad del fondo”. Es decir que no constató irregularidad alguna.

Sin embargo, en relación a la adquisición de maquinarias y equipamiento para la GIRSU, el TC sostuvo que los fondos “no fueron utilizados y /o aplicados a la finalidad prevista en la norma legal que dispuso su otorgamiento por un monto de $2.073.000 y que hubo una transferencia al municipio por $1.8 millones, la cual al 31 de diciembre de 2015 no fue devuelta”.

“No se puede realizar otras consideraciones respecto de este municipio porque no facilitó la documentación solicitada y el ministerio de Ambiente tampoco remitió el acta ni informó de visita de la auditoría interna que permita analizar el cumplimiento in situ del proyecto”, alertó la FIA.

“No obstante puede señalarse prima facie la incongruencia respecto a lo observado en las tomas fotográficas y lo concluido por el TC respecto a la construcción y equipamiento de la planta, por lo que deviene necesaria la remisión de las presentes actuaciones al organismo”, indicó la fiscalía.

Teniendo en cuenta que la FIA es autoridad de aplicación en la Ley de Acceso a la Información Pública, se cuestionó el hecho de que a pesar de las prórrogas “no se presentó la documentación respaldatoria”.

Es por eso que le abrió un expediente por violación a la ley de acceso a la información pública contra Gastón Navarro, secretario de gobierno municipal y al secretario de Planificación municipal, Cristian Centurión por la presunta violación a la Ley de Acceso a la Información.

Informe: Bruno Martínez 

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El fiscal Guillermo Codutti pidió el sobreseimiento de Aldo Leiva. Antes de asumir como fiscal provisorio, Codutti era concejal del partido del intendente.
El juez subrogante, Luis Allende, sobreseyó a Leiva. Antes de ser funcionario judicial, fue funcionario del intendente.

 

 

Luis Allende asumió en 2014 como juez de ejecución penal.
El fiscal provisorio de San Martín, Guillermo Codutti.
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