Aportantes truchos: Casanello rechazó el planteo de Stornelli y se queda con la causa

Pese a que todas las pruebas demuestran que existió falsedad ideológica, falsificación de documentos e incluso dádivas y lavado de dinero, el fiscal federal había intentado desprenderse del expediente.

Sebastián Casanello, juez federal.

El juez Sebastián Casanello rechazó el extraño planteo del fiscal Carlos Stornelli y decidió que la causa por los aportantes truchos de Cambiemos revelados por este medio continúe siendo investigado en Comodoro Py por los presuntos delitos penales de lavado de dinero, usurpación de identidad, falsedad ideológica, falsificación de documento público y posibles dádivas.

Pocos días después de haber imputado por lavado de dinero a los responsables de campaña de la alianza Cambiemos en provincia de Buenos Aires, el fiscal Carlos Stornelli realizó un increíble y extraño giro y pidió que la causa de aportantes truchos sea investigada por el fuero electoral, aun cuando todas las pruebas recolectadas en el juzgado de Sebastián Casanello muestran con contundencia un largo listado de posibles delitos penales.

Según pudo saber El Destape, el fiscal federal decidió negar su competencia electoral, y en su último dictamen, le pidió al juez Sebastián Casanello que envíe la causa al juzgado Electoral de La Plata, a cargo del magistrado Adolfo Ziulu, algo que era anhelado por el Gobierno desde el inicio de las causas.

Esta semana, el magistrado de Comodoro Py deberá determinar si hace lugar al pedido de Stornelli o si decide continuar con la investigación bajo su competencia, entendiendo que entre los posibles delitos incurridos por la alianza Cambiemos podrían existir infracciones al Código Penal.

Hasta el momento, por el juzgado federal desfilaron 50 falsos aportantes, quienes, en su mayoría, confirmaron ser beneficiarios de planes sociales y corroboraron estar afiliados al PRO en la provincia de Buenos Aires.

Según dijeron, esas afiliaciones nunca fueron realizadas por ellos, por lo que el magistrado decidió enviar a peritar las firmas mediante expertos de la Corte Suprema y el resultado fue sorpresivo: el 90% de las fichas de afiliación fueron falsificadas, por lo que el juez podría decidir continuar con la investigación bajo el delito de falsedad ideológica y falsificación de documento público.

Sin embargo, también hay otros posibles delitos en carpeta: dádivas. Según informó la periodista Emilia Delfino en Perfil, algunos de los damnificados son empleados de empresas privadas proveedoras del Estado, en especial de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que Casanello también investiga la hipótesis de que los nombres de estas personas fueros utilizados para camuflar aportes de los empresarios, que tienen prohibido realizarlos.

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