En un año, registran al menos 75 ataques contra personas que apoyan la ley de IVE

Según un relevamiento realizado por el Observatorio de Conflictos Sociales del NEA de la UNNE, se registraron 75 ataques violentos hacia personas que apoyan la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo entre agosto de 2017 y julio de 2018. Recrudecieron en junio y julio de este año, presumen, por la activa intervención de la Iglesia Católica en el debate.

Portal el pañuelo verde, símbolo de la lucha feminista, fue uno de los motivos que generaron los ataques

En la región del Nordeste Argentino se registraron 75 ataques violentos hacia personas a favor de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo durante el período comprendido entre agosto del 2017 y julio del 2018 teniendo como valores máximos a los meses de junio y julio del 2018 en donde se han multiplicado los hechos de violencia: de un promedio de 3 casos entre agosto 2017 y mayo del 2018 pasaron a 15 casos en junio y 33 en julio del 2018. Según les investigadores, “puede deberse al actual llamamiento de sectores religiosos (como la Iglesia Católica) a manifestar activamente contra la Ley” luego de la media sanción en la Cámara de Diputados el día 14 de junio del 2018 y la inmediatez de la segunda instancia en la Cámara de Senadores el 8 de agosto próximo.

El relevamiento de la información fue realizado a partir de encuestas virtuales a personas individuales las cuales fueron víctimas o testigues de los hechos de violencia en las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones. El informe tiene como fin visibilizar los hechos de violencia explícita sufridos por las personas que se han manifestado recientemente en favor de la legalización del aborto (mediante el uso del pañuelo verde característico, o bien por la expresión de su apoyo a la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito), en la región del Nordeste Argentino durante el último año. Los hechos de violencia se han dinamizado a raíz del actual tratamiento de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo por parte del Poder Legislativo, como represalia -por parte de sectores conservadores del sistema patriarcal- hacia los colectivos de mujeres, trans, lesbianas y corporalidades no binarias.

Amenazas, insulto y acoso

En 46 de los casos relevados las víctimas han sufrido violencia verbal en forma de amenazas, insultos y acoso, las cuales van desde amenazas de muerte y violación hasta palabras como “puta, abortera y lesbiana” como supuestos descalificativos. Además han habido 4 casos de violencia física en donde han agredido con piedras y palos a las víctimas luego del último Encuentro Nacional de Mujeres en Resistencia, Chaco, y en otros casos repetidamente han arrojado agua con pimienta y gas pimienta a las víctimas. También se han registrado 9 casos de persecución en la vía pública, una de las mismas ha manifestado haber sido víctima de dos exorcismos por parte de personas religiosas. Se han registrado asimismo 8 casos de censura mayoritariamente en establecimientos educativos y de trabajo, además 7 casos de violencia simbólica por parte de docentes y personas individuales que han invisibilizado posturas y la descalificaron por el solo hecho de ser mujeres. Incluso se ha registrado un caso de persecución en redes sociales con el fin de dejar sin trabajo a la víctima.

Ataques en la vía pública

El espacio público es el ámbito en el que con mayor frecuencia se registraron ataques de odio. Más de la mitad de las personas que respondieron la encuesta dijeron haber sido agredidas en lugares públicos (calle, plazas, colectivos, paseos, etc.). La cifra es significativa porque muestra que en estas acciones opera principalmente la función represiva ante la manifestación del apoyo a la legalización del aborto (en general mediante el uso del pañuelo verde).

El 62 por ciento los casos contabilizados ocurrieron porque la víctima expresaba públicamente su opinión; en la mayoría de la veces esos actos de violencia lo cometieron grupos. Hay una tendencia definida de conducta, que lleva a pensar que este tipo de agresiones tiene por objetivo la represión -el silenciamiento retórico y semiótico- de subjetividades que disputan la construcción de sentido en un territorio específico.

Otro porcentaje representativo de casos se concentran en establecimientos educativos (escuelas, terciarios, universidades, etc.): un 15 por ciento de las personas encuestadas dijo haber sido violentada en estos entornos, tanto por autoridades como por pares. Podemos inferir que en estos hechos se repite el patrón de disciplinamiento bosquejado en el párrafo anterior, con el distingo no menor de que se trata de instituciones estatales regidas por una lógica jerárquica que permite el ejercicio -más o menos atenuado- de mecanismo de violencia simbólica a modo de castigo aleccionante (reto, sanción, amonestación, etc).

Por las redes, también

Casi el 10 por ciento de las personas entrevistadas dijo haber sido atacado a través de redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, etc.) por otros usuarios que, empleando la plataforma, las insultaron y amenazaron. El ámbito laboral es un lugar en el que el 7 por ciento de las personas encuestadas fue violentada mientras que el entorno familiar fue el que menos casos reportó: menos del 5 por ciento.

En grupo es más fácil atacar

La mitad de los ataques de odio contra personas que están a favor de la legalización del aborto registrado en este informe fue cometido por grupos. Su composición varía: del 49% que representan estos hechos, el 34% fue consumado por hombres y mujeres en conjunto mientras que un 11% del total fue perpetrado sólo por varones y el 4% representa las acciones violentas hechas por mujeres. El dato complementa lo expuesto anteriormente respecto al cariz represivo de estas conductas (individuales o colectivas) en los espacios sociales, principalmente en el ámbito de lo público.

Las agresiones cometidas por un sólo individuo equivalente al 38 por ciento de los casos: en su mayoría se tratan de desconocidos que reaccionan ante la presencia de otras personas que manifiestan -de diferentes modos- su apoyo a la legalización del aborto. Un número menor de casos fueron hechos por figuras de autoridad no parentales (como maestros, jefes, curas, pastores, etc.): estas accionar entornos educativo, laborales o religiosos llegar porcentualmente al 10% mientras las llevadas a cabo por familiares fueron el 2,5% (coincidiendo con la proporcionalidad de casos registrados en ámbito más próximo de la víctima).

Sin ayuda de testigues

En el 62,7 % de los casos, las víctimas no han recibido ningún tipo de ayuda por parte de los testigues del hecho (ignorando la situación de violencia y respaldando en silencio), incluso en un caso la policía ha re-victimizado, burlándose y dando zona liberada a les agresores para accionar con violencia física. En los casos que las víctimas han recibido ayuda (el 37, 3%) ha sido por compañeres feministas, testigues y en menor medida por personal policial. En todos los casos, la persona o el grupo agresor, ha resultado impune.

Sobre el Observatorio 

El Observatorio de Conflictos Sociales del Nordeste Argentino (OCSo-NEA) es una
iniciativa de docentes, investigadores y estudiantes de la Universidad Nacional del Nordeste
que pretende contribuir al análisis de la conflictividad regional en sus múltiples aspectos, con el objetivo de indagar sus características, tendencias y efectos sobre la población. A partir de la elaboración de un registro sistemático, sincrónico y permanente esperamos aportar herramientas para colaborar con los procesos de reflexión y acción de las organizaciones civiles y populares.

 

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