Fallo contra la “doctrina Bullrich”: deben indemnizar a un hombre lesionado por policías durante su detención

Se trata de un fallo del Superior Tribunal de Justicia del Chaco. Es en el marco de una demanda por daños y perjuicios realizada por un particular por las lesiones sufridas en abril de 2003 durante un operativo policial. Si bien no se identificó al autor, la sentencia precisa que se comprobó que las agresiones fueron propinadas por agentes policiales por lo que cabe la responsabilidad estatal.

Foto: ilustración

No es una novedad el accionar de agentes policiales que chocan contra lo que prescriben los procedimientos legales en caso de participar en operativos contra supuestos delitos. Tampoco lo es que ese accionar policial luego perjudique al erario público porque aquellos que son sus víctimas demandan al Estado chaqueño justamente por esos “desvíos”. En esta oportunidad, el hecho ocurrió el 4 de abril de 2003, cuando agentes de la policía del Chaco causaron graves lesiones a una persona mientras la detenían frente a la puerta de su casa. Eso derivó en una demanda por daños y perjuicios contra el Estado chaqueño que fue receptada favorablemente tanto en primera como en segunda instancia. Ahora, es el Superior Tribunal de Justicia el que, contrariando la “doctrina Bullrich” que se pretende imponer a nivel nacional (según la cuál las fuerzas de seguridad “siempre tienen razón”) confirmó esa sentencia al rechazar un recurso de inconstitucionalidad de la Fiscalía de Estado contra el fallo que ordenó indemnizar al damnificado con la módica suma de 22.048 pesos más intereses.

La sentencia, que difunde como adelanto CHACO DIA POR DIA.COM, fue dictada el 8 de febrero y lleva la firma de los ministros Emilia Valle y María Luisa Lucas, ambas integrantes de la Sala Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia. Según se desprende del fallo, fueron constatadas las lesiones sufridas por el impulsor de la demanda que consistieron en traumatismo nasal y maxilar facial derecho. Las ministras señalaron que, si bien no pudo identificarse al agente autor de las agresiones, sí fue acreditado el daño padecido por el demandante y que fue producto del accionar policial y que es suficiente tratándose de una demanda de carácter civil y no penal. En ese contexto, las ministras subrayan que “no se advierte vicio de arbitrariedad en el razonamiento utilizado para concluir que al estar comprobado mediante las pruebas producidas en la causa que el accionante fue detenido por agentes policiales, golpeado y tirado al suelo en el frente de su casa, la responsabilidad debe ser atribuida al Estado provincial por una defectuosa prestación del servicio policial, independientemente de cuál de los agentes fuera autor del hecho”.

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