Niz: “Buscan desactivar los sindicatos para impedir la lucha organizada”

UPCP rechazó la reforma a la Ley de Asociaciones Sindicales, “porque implica la intromisión del Gobierno Nacional en la vida interna de los sindicatos. “Hay procedimientos administrativos y judiciales que actúan como sistemas de control previsto en el Art. Nº56”, sostuvo su secretario General, José Niz.

José Niz, secretario general de UPCP.

Niz señaló, al referirse a la reforma de la Ley Nº23551, que “el objetivo del Gobierno Nacional es desactivar los sindicatos para impedir la lucha organizada por los derechos de los trabajadores y las manifestaciones en contra de las políticas de represión y criminalización de la protesta.”

Asegurando que, “uno de los pilares básicos de las conquistas de derechos, por parte de los trabajadores, son los sindicatos. Y no es llamativo que en este contexto de violación de derechos y ajuste, dirigido específicamente a la clase trabajadora, pretendan orientar a la sociedad para despersonalizar la responsabilidad individual de cada dirigente y depositarla en la organización sindical usando casos aislados. Para así justificar la modificación de la ley, a modo de intervención encubierta a los sindicatos y como siempre, introducir la duda aduciendo que lo vienen hablando con algunos dirigentes; cuando – seguramente – no es verdad”.

“Los legisladores, el Poder Judicial y Poder Ejecutivo identificados con la hegemonía de las corporaciones, siempre aplican el mismo procedimiento, arrogarse la representación de ‘la sociedad’ sin identificar a nadie y demonizar a una institución. Para luego desactivarla porque no les es funcional a su plan de vaciamiento de la Argentina y ajuste para los asalariados, desocupados y sectores más vulnerables de la sociedad”, remarcó el dirigente sindical.

La Ley 23551
En cuanto a los justificativos del Proyecto, “no resisten el menor análisis”, aclaró el dirigente.
“Se refieren a la democratización de los sindicatos, cuestión que se encuentra claramente regulada en la Ley, estableciendo que las elecciones deben efectuarse cada cuatro años – como máximo – y a los efectos de la postulación de candidatos se exige un 3% de avales de los afiliados, en el marco de un procedimiento que es fiscalizado en todas sus etapas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social”, explicó José Niz.

“Además, la misma ley en caso de incumplimiento, prevé un mecanismo de sanciones, llegando las más graves a sancionar con la suspensión o cancelación de la personería gremial”, reveló.

“La ley 23551 constituye un marco normativo al que deben ajustarse los Estatutos Orgánicos, los que deben ser aprobados por el Ministerio de Trabajo. Y es allí -explicó Niz -, donde se establece la garantía de periodicidad elemento esencial que asegura la democracia, junto a las elecciones libre regidas por los Estatutos y de modo supletorio por la Ley Electoral Provincial”.

“Por lo tanto, hablar de democratización de los sindicatos a través de la modificación de la ley es falso; y transgrede de modo evidente y manifiesto el derecho de los trabajadores de ser elegidos y de elegir garantizado por la Constitución Nacional y Provincial. Pero, por sobre todas las cosas, viola la garantía constitucional que asegura que ninguna autoridad debe inmiscuirse en la vida interna de las asociaciones sindicales”, subrayó.

El gremialista, además, indicó además que los hechos que se investigan en la actualidad, “nada tienen que ver con el sindicalismo y en todo caso deben ser investigados como delitos comunes con las garantías que nuestro Estado de Derecho le otorga a todo ciudadano. Pero no debe ser utilizado como elemento para justificar la modificación de una ley que tiene, en cuanto a su cumplimiento, el control directo de la autoridad de aplicación nacional como el Ministerio de Trabajo y Provincial, Dirección Provincial del Trabajo y del Poder Judicial”.

“Cualquier decisión que haga a la actividad sindical debe efectuarse en el marco de la ley, dado que sino operan de modo directo las sanciones del Art. 56, atento que se encuentra sujeto a penalidades cualquier apartamiento de las duras exigencias que establece la Ley 23551”, finalizó.

Compartir