Sentencia completa por violencia de género contra Raúl Sebastiani

CHACO DIA POR DIA.COM comparte en forma completa la sentencia Nº 282 de la Cámara Segunda en lo Criminal y Correccional de Resistencia, que integran los doctores Víctor Del Río, Gloria Zalazar y Ernesto Azcona, por la cuál se condenó al empresario Raúl Sebastiani a cinco años de prisión efectiva por delitos enmarcados en violencia de género contra su ex pareja y se ordenó su captura inmediata.

Audiencia de alegatos en el juicio a Raúl Sebastiani

SENTENCIA Nº 282 .

En la ciudad de Resistencia, Capital de la Provincia del Chaco, a los veintidos días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete, reunidos en deliberación secreta los Sres. Jueces de la Cámara Segunda en lo Criminal, Dres. VICTOR EMILIO DEL RIO, Presidente de Trámite, Debate y Juez de primer voto, GLORIA B. ZALAZAR y ERNESTO J. AZCONA,  como Jueces de segundo y tercer voto, respectivamente, asistidos por la Sra. Secretaria Autorizante, Dra. SHIRLEY KARIN ESCRIBANICH, a fin de dictar Sentencia de mensuración y modalidad de pena en estos autos caratulados: “SEBASTIANI, IRENEO RAUL S/LESIONES LEVES CALIFICADAS EN EL CONTEXTO DE VIOLENCIA DE GENERO, AMENAZAS CON ARMAS Y TENENCIA DE ARMA DE FUEGO EN CONCURSO REAL”, Expte. Nº 22988/2015-1, que se tramita ante la Secretaría nº 4 de este Tribunal. Interviniendo como Fiscal de Cámara la Dra. DOLLY ROXANA DE LOS ANGELES FERNANDEZ, como defensor el Dr. MARCELINO OMAR LEIVA, y como Querellante Particular el Dr. ROBERTO CLAUDIO SOTELO, en representación de ELIANA SOLEDAD TAPIA. Causa seguida contra IRENEO RAUL SEBASTIANI, D.N.I. Nº 17.667.447, de nacionalidad argentina, de 52 años de edad, de estado civil  divorciado, con cuatro hijos, de ocupación comerciante en el rubro automotor, desempeñándose como Gerente Comercial de la empresa Sebastiani, percibiendo un sueldo mensual de $ 12.000, y por comisiones de ventas de vehículos su ingreso total ascienda a la suma aproximada de $ 25.000,  nacido en Corrientes Capital, en fecha  29/08/1965, ser hijo de Mario Antonio Sebastiani (v) y de Ignacia Zacarías;  instruido, con estudios secundarios completos, domiciliado en Av. Paraguay Nº 545, primer piso, departamento “B” de Resistencia Chaco, teléfono Nº 362-4667796. Prontuario Policial Nº AG543394; RNRU3601801- Pedido Uer: 49995- Regional: 35.

Y RESULTANDO:

Que en fecha 23/11/2017 se tienen por recepcionadas las Actuaciones principales, remitidas en devolución por el Excmo. Superior Tribunal de Justicia, en razón de haberse resuelto el Recurso de Casación articulado en autos (v. decreto Orden 466 SIGI).

Que por Sentencia nº 137 de fecha 30/08/2017 (Orden nº 449 SIGI), el Alto Cuerpo rechazó el recurso de Casación articulado por la Defensa del encartado Sebastiani (a fs. 196/205), e hizo lugar al Recurso formulado a fs. 206/213 vta. por el representante de la Querellante Particular, contra la Sentencia nº 13 del 13/02/2017; declarando la nulidad de la pena allí impuesta y de su modalidad de su cumplimiento, quedando firme el pronunciamiento en todo lo demás. Asimismo se declaró parcialmente nulos los alegatos y el acta de debate de fs. 91/108, solo en lo concerniente a la imposición de la pena que se nulifica; disponiéndose el reenvío de la causa  a este Tribunal para que se fije audiencia para producir nuevamente alegatos, únicamente en lo que respecta a la determinación del quantum y modalidad de cumplimiento de la pena a imponerse al encartado Ireneo Raúl Sebastiani, donde se ordena  tomar conocimiento de visu del mismo, a fin de decidir sobre dicha cuestión.

Es así que dando cumplimiento a lo ordenado por el Alto Cuerpo en el  citado pronunciamiento, en fecha 20 de diciembre del corriente año,  se  clausuró la respectiva audiencia que se llevó a cabo al respecto, oportunidad en la que fueron debidamente oídas las partes intervinientes y donde las mismas han expuesto sus pretensiones (v. Acta de Debate, Orden nº 544 Hist. SIGI). Que en dicho acto, y luego de proceder a la identificación del encartado, en primer término se cedió la palabra al representante del Ministerio Público, donde su titular, Dra. DOLLY ROXANA FERNANDEZ, luego de fundar su petición, solicitó al Tribunal que se aplique al condenado Sebastiani la pena de cuatro (4) años de prisión efectiva. Por su parte, el representante de la Querella, Dr. SOTELO, luego de brindar sus razones, solicitó que se le aplique la pena de ocho (8) años de prisión al condenado. Finalmente, la defensa del encartado Sebastiani, Dr. LEIVA, solicitó al Tribunal que se mantenga la pena de tres (3) años de prisión, bajo la misma modalidad, es decir en suspenso.

Precisados los alcances de las pretensiones formuladas por las partes, el Tribunal se plantea como única cuestión a considerar, la siguiente: ¿Que sanción penal y modalidad de la misma debe en definitiva  aplicarse al condenado IRENEO RAUL SEBASTIANI, en torno a la determinación de su autoría penalmente responsable de los delitos de PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LA LIBERTAD AGRAVADA POR SER COMETIDA CON VIOLENCIA; LESIONES LEVES AGRAVADAS POR SER COMETIDAS CONTRA QUIEN MANTENÍA UNA RELACIÓN DE PAREJA, CON ENSAÑAMIENTO Y POR SER CONTRA UNA MUJER MEDIANDO VIOLENCIA DE GENERO, CON AMENAZAS CON ARMAS todo ello en CONCURSO IDEAL, y en CONCURSO REAL con TENENCIA DE ARMA DE FUEGO DE GUERRA SIN LA DEBIDA AUTORIZACIÓN LEGAL, (arts. 142, inc. 1°; 82 y 92 en función.del art. 80, inc. 1°, inc. 2° e inc. 11°; art. 54; art. 189 bis primer párrafo segundo supuesto, art. 189 bis inc. 2° segundo párrafo, arts. 55 y 45 todos del Código Penal) ?

A LA UNICA CUESTION PLANTEADA, EL SR. JUEZ VICTOR EMILIO DEL RIO, DIJO:

Este tribunal, deberá resolver la única cuestión que se ha planteado en la presente causa, tendiente a conformar la estimación de la pena que corresponde fijar al imputado Ireneo Raúl Sebastiani. En cumplimiento del Fallo N º 137 del 30 de agosto del 2017 dictado por la Sala Segunda en lo Criminal y Correccional del Superior Tribunal de Justicia, donde hace lugar al Recurso impetrado por la Querella Particular, disponiendo la nulidad parcial de la Sentencia Nº 13 dictada en fecha 13 de febrero por la Juez Lidia Lezcano de Urturi en Sala Unipersonal de esta Cámara Segunda en lo Criminal, solo en lo que respecto a los alegatos y acta de debate de fs. 91/108, en lo concerniente a la imposición de la pena, quedando firme las demás conclusiones a cada una de las cuestiones, relativas a la fijación de la acreditación de la materialidad del hecho, responsabilidad y reprochabilidad del imputado en el mismo, como la calificación jurídica aplicable al caso.

En tal cometido se ha cumplimentado la audiencia al único efecto de realizar este nuevo juicio como integración de la sentencia anterior, como jueces naturales solo en lo pertinente a la fijación de una pena acorde al hecho y margen punitivo aplicable en base a los delitos atribuidos.

Será entonces necesario precisar cual es el hecho fijado, que ha quedado firme, según la narración del mismo que ha realizado la Juez de sentencia: “Evidentemente tengo acreditado que el día 25 de agosto de 2015 entre las 13:19 y las 15:50 horas aproximadamente, en el domicilio sito en Avenida Paraguay 545 departamento 1 “B” del Edificio Juan Pablo II de esta ciudad, en el cual Ireneo Raúl Sebastian! retuvo contra su voluntad a Eliana Soledad Tapia quien era su pareja, privándola de su libertad personal mediante el uso de violencia, sometiéndola a castigos corporales en presencia de Vanesa Garrido, quien luego, unos minutos después se retira del lugar, golpeándola a Tapia con una toalla en la mano derecha que se había colocado Sebastian, golpeándola en todas partes del cuerpo, luego la toma del cuello asfixiándola contra la pared, luego la acostó en la cama a los golpes y con una almohada y toalla la asfixiaba, la tiró al piso y le colocó una banqueta de madera en el cuello, mientras le decía:”Te voy a matar, esto querías ver, sos una quilombera, negra de mierda, villera, hija de puta”; para luego arrancarle el reloj que tenía en su mano, diciéndole en todo momento: “puta de mierda, hija de puta, eso querías ver, te voy a matar”, luego la desnudó y comenzó a tirarle agua fría, mientras la amenazaba haciendo uso de un arma de fuego, que tomó de la mesa de luz, un arma tipo revólver color negra apuntándole, diciéndole: “hija de puta te voy a matar, te voy a denunciar, te voy a matar, malparida eso es lo que andas buscando”, luego la vistió, vistiéndose él también causándole las lesiones que constan a fojas 7″. Asimismo, también tengo acreditado que “el día 31 de agosto del 2015, en el mismo domicilio antes mencionado, Ireneo Raúl Sebastiani, tenía sin la debida autorización legal en un arma de fuego tipo pistola, 380, inscripción 9 mm de color negra, con la inscripción de ambos laterales de empuñadura ASTRA, inscripción en el cañón de UNCETA Y COMPAÑÍA, GUERNIA ESPAÑA, MODELO 300, 1926, que contiene un almacén cargador con la vaina de cinco cartuchos 380 AUTO CBC, color dorado, con punta cromada, con una funda color marrón símil cuero, con un remache de color dorado, dentro del mismo, un almacén cargador color negro con 3 cartuchos 380 AUTO CBC, color dorado, con punta dorada que fueran secuestradas por orden de allanamiento N° 515 del Juzgado de Garantías N° 2, y cuya tenencia no ha podido acreditarse fehacientemente”.

La judicante, fijo que los hechos así atribuidos se encontraban enmarcados en la comisión de los siguientes delitos: PRIVACIÓN DE ILEGITIMA DE LA LIBERTAD AGRAVADA POR SER COMETIDA CON VIOLENCIA, LESIONES LEVES, AGRAVADAS POR SER COMETIDAS CONTRA QUIEN MANTENÍA UNA RELACIÓN DE PAREJA, CON ENSAÑAMIENTO Y POR SER CONTRA UNA MUJER, MEDIANDO VIOLENCIA DE GÉNERO, CON AMENAZAS CON ARMAS todo ello EN CONCURSO IDEAL, Y EN CONCURSO REAL CON TENENCIA DE ARMA DE FUEGO, DE GUERRA SIN LA DEBIDA AUTORIZACIÓN LEGAL, arts. 142, inc. 1º, 89 y 92 en función con el art. 80, inc. 1º, 2º y 11, arts. 54, 149 bis primer párrafo segundo supuesto, art. 189 bis, inc. 2º, segundo párrafo, arts. 55 y 45 todos del Código Penal.

A manera de resumen de la pretensión de las partes, la Sra. Fiscal ha formulado un pedido sumamente exhaustivo sobre las consideraciones fácticas del hecho, y de cómo ellas influirán en la estimación de pena posible de aplicar. En tal sentido consideró la duración de la privación de la libertad de la víctima y el tipo de sometimiento que debió soportar en forma de violencia, amenazas y agresiones del tipo de colocarle una banqueta sobre el cuello, los intentos de escapar de dicha agresión, que fueron abortados por el encartado en autos. Luego ha valorado los informes psicológicos y detalla el tipo de personalidad que estos han detectado de tal labor pericial. Luego analizó que el temor que logro imponer a su víctima Tapia, no se trata de una situación aislada, sino que dicho temor también se extiende a los vecinos del domicilio del imputado, quienes han mostrado reparo para declarar por temer consecuencias personales o laborales.

La Sra. Fiscal, analizando luego los tipos penales endilgados, realiza una estimación de máximos y mínimos de los delitos en cuestión, sosteniendo que la pena mínima posible de aplicar serían 2 años de Prisión y su máximo serían 8 años de Prisión. Por lo cual, sostiene que a fín de ser coherente con su alegato anterior, peticiona la pena media de 4 años de prisión efectiva.

La querella ha efectuado un alegato escueto y en los límites de lo infundado, solo haciendo consideraciones mínimas sobre la afección que este hecho ha significado para la vida de su representada, pero sin realizar consideración alguna sobre las pautas de mensuración de la pena del art. 40 y 41 del Código Penal.

Su alegato puede superar el control de razonabilidad y fundamentación suficiente, en la medida que se adhirió in tottum al alegato de la Sra. Fiscal de Cámara, y que ha peticionado una pena que se encuentra entre los márgenes punitivos posibles de aplicar. En concreto ha solicitado la pena de 8 años de prisión efectiva.

La defensa del imputado, por su parte centró su cuestionamiento sobre cuestiones básicas de interpretación de la pena, diferenciando la sanción desde su función retributiva equitativa con fines de resocialización diferenciándola de la venganza. Señala que el hecho que se le atribuye irrumpe como un hecho singular y no habitual ni repetido en la vida del imputado, da algunas razones circunstanciales que podría haber influido para tal errónea acción violenta, relaciona ello con la falta de antecedentes de su defendido. Entiende que su defendido ha comprendido la dimensión del hecho ocasionado, por lo cual ha iniciado un tratamiento psiquiátrico, citando lo consignado en informe presentado por el imputado al momento de prestar declaración de imputado, más avanzada su exposición hará referencia a que no hay peligrosidad en el accionar de su defendido. Realiza una profunda crítica del sistema carcelario, postulando que es innecesario hacer comprender la dimensión de la sanción de condena mediante la imposición de una pena de cumplimiento efectivo. Sostiene que de aplicar una pena efectiva solo se pretendería atentar contra la dignidad de su defendido pues las cárceles no cumplen los objetivos de ser sanas y limpias, ni los fines de resocialización previsto por nuestra Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Hizo referencia a la extensión del daño, entendiendo que se tramita juicio civil –no existen constancias en autos de dicha acción, ni se ha presentado prueba en esta audiencia al respecto-, y entendiendo que la condena en suspenso ya es suficiente castigo para ser comprendido por el imputado. Sostiene que las condiciones personales del imputado, como ser padre, tener un trabajo, y brindar contención a su familia hacen justificable imponer una pena de 3 años de prisión en suspenso.

Para poder establecer cuál es la pena correcta en relación con los delitos imputados, deberemos conocer cuál es la escala de montos de pena establecidos en cada uno de ellos y finalmente estimar como han concursado cada uno de ellos para así establecer el margen punitivo estricto desde el cual el tribunal podría realizar la mensuración de la pena aplicable en este caso.

Se ha establecido que tres de los delitos imputados, lo han sido en Concurso Ideal, es decir se trata de un mismo marco de acción del sujeto, que se ve abarcado por varios delitos en su ejecución como un hecho único con distintas consecuencias penales. Estos delitos serían:

1) Privación Ilegítima de la Libertad Agravada por ser cometida con violencia, Art. 142 inc. 1, que prevé una pena de 2 años de prisión de mínima a 6 años de prisión de máxima.

2) Lesiones Leves Agravadas por ser cometidas contra quien mantenía una relación de pareja, con Ensañamiento y por ser contra una mujer, mediando violencia de Género, con Amenazas con Armas. Arts. 89 y 92 en función con el art. 80, inc. 1º, 2º y 11 el cual dispone una pena mínima de 6 meses de prisión a una máxima de 2 años.

3) Amenazas con Armas, art. 149 bis, primer párrafo segundo supuesto, con una pena mínima de un 1 a un máximo de 3 años.

La forma de establecer los límites en caso de Concurso Ideal de delitos, lo señala el art. 54 del Código Penal, el cual establece que “Cuando un hecho cayere bajo más de una sanción penal, se aplicará solamente la que fijare pena mayor”. Cómo se puede apreciar la pena mayor posible de aplicar, es la de la Privación Ilegítima de Libertad; es decir la pena de 6 años de prisión como pena máxima, y como mínima la pena de 2 años de prisión.

Estos tres delitos a su ver concursan con un cuarto delito, pero esta vez en Concurso Real, ya que se trata de un hecho independiente a los anteriores delitos.

4) Me refiero al delito de Tenencia de Arma de Fuego de Guerra sin la debida autorización legal. Este último delito prevé una pena máxima de 6 años, a una pena mínima de 2 años de Prisión.

El art.55 del Código Penal, establece: “Cuando concurrieren varios hechos independientes reprimidos con una misma especie de pena, la pena aplicable al reo tendrá como mínimo, el mínimo mayor y como máximo, la suma aritmética de las penas máximas correspondientes a los diversos hechos”.

Es así que sumando el monto máximo de los delitos del Concurso Ideal, será la del delito de Privación Ilegítima de la libertad que sanciona con 6 años de prisión al cual se le debe sumar la pena de 6 años del delito de Tenencia de Arma de Guerra sin la debida autorización legal. Esta suma nos permite establecer, que el máximo posible aplicar será la pena de 12 años de prisión, finalmente el mínimo mayor posible de aplicar será la pena de 2 años. Es entonces que la graduación de pena posible de aplicar oscilaría entre su máximo de 12 años, a su mínimo de 2 años de Prisión.

No se comprende cómo tanto la Fiscalía y la Querella han sostenido cada uno a su vez en los alegatos, que la pena máxima posible de aplicar sería la pena de 8 años. No se comprende cómo han realizado tal cálculo de la pena.

Precisamente, el primer criterio al momento de definir la pena, esta dado por estas escalas penales, pues su función no es la mera fijación de límites discrecionales, sino el valor relativo con el cual el legislador ha pretendido sancionar determinado delito.

En ese entendimiento, la imposición de la pena deberá estar circunscripta a los límites establecidos en las normas penales referenciadas al momento de la calificación legal del accionar ilícito del encartado, más arriba consignada y que no fuera objeto de impugnación. Por ello, dentro de esta escala de máximos y mínimos será el margen que el tribunal deberá respetar para la encontrar la sanción que le corresponde. Y a tenor de lo normado por el art. 40, dentro de dicha escala, se deberán considerar las circunstancias atenuantes o agravantes para cada caso en particular.

Y a continuación el art. 41 del Código Penal, nos señala como debe realizarse tal consideración, para así analizar las circunstancias de carácter objetivo vinculadas al hecho cometido.

Por ello en primer lugar deberemos analizar la naturaleza de la acción y los medios empleados para ejecutarla, según lo previsto por el inciso 1 del rt. 41 del C.P.

Hemos de compartir el planteo de la Sra. Fiscal de Cámara, pues advertimos un despliegue de energía fisica, en un marco de acción de excesiva violencia proveniente del imputado, que incluso habría tomado algunos recaudos para lograr causar lesiones en su víctima, al cubrirse la mano con una toalla. Se puede advertir este como una clara intención de dejar marcas de los golpes que ocasionaría. Esta acción es demostrativa de conocimientos previos, entiéndase también como experiencia propia o de otros, que de tal manera podría evitar que queden en sus manos marcas de la acción y también en la piel de su víctima. Advertimos en ello una conducta que demuestra una acción preparatoria, si bien el hecho es inmediato desde el ingreso al departamento por parte de la ciudadana Tapia, lo cierto es que una reacción que da cuenta de una ideación previa de parte del imputado, tendiente a asegurar su acción violenta intentando no dejar huellas de tal acción y de tal manera evitar correr riesgos de que probar tales delitos.

Debemos recordar que en los alegatos finales, la defensa técnica misma ha reconocido el hecho, pues acepta que este hecho así fijado ha quedado firme; y donde el imputado ha manifestado su arrepentimiento.

El hecho así descripto, es demostrativa de una reacción que pudo iniciarse como un intentó de calmar el cuestionamiento de su pareja Tapia, pero que inmediatamente se convirtió en una forma ideada y pensada de infringir un castigo tremendo sobre la misma. Y en tal sentido, debemos no solo señalar esta situación de la toalla, sino que también el resto de actos con los cuales la acción tiene una desproporción de violencia que solo se comprenderá con la evaluación psicológica del imputado.

Nos referimos además, a que intentó asfixiarla en dos oportunidades, una primera contra la pared, luego con una almohada y toalla la intentó asfixiar en la cama, y finalmente cuando la tiró en el piso, le colocó una banqueta de madera en el cuello mientras efectuaba amenazas contra su vida. El detalle exhaustivo que se ha fijado sobre el hecho, en el anterior juicio, es demostrativo de una suma de acciones sumamente violentas tendientes a poner en un riesgo cierto la vida de Tapia y haciendo realmente potenciales las amenazas de las cuales era objeto. Sobre dichas amenazas, se advierte no solo un destrato exponencial sobre esta mujer, sino que además se encuentra acompañada de manifestaciones denostativas de su condición social y moralidad. Y como suma de toda esta acción violenta, la utilización de un arma de fuego, para dejar en claro que las amenazas no eran solo provenientes de una discusión acalorada, sino que se esgrimía una arma de fuego de suma potencia y dimensión, para efectuar una real acción intimidante sobre su victima. Luego de todo este salvaje ataque, la amenaza final con un arma de fuego, irrumpe como un un colofón final de una clara intención de denigrar, humillar, someter, cosificar a su víctima, imprimiendo un grado de temor suficiente con lo cual imprimir su deseo de sumisión absoluta.

Se ha precisado además, que este sometimiento transcurrió durante varias horas, incluso dentro del marco de privación de la libertad ambulatoria, utilizando ese espacio temporal, para efectuar todas las agresiones físicas, denigratorias contra el cuerpo de la víctima, donde no solo la golpeaba y sometía a maltrato, sino que además se advierte un sentido de intentar denigrarla física y moralmente, al tomar este cuerpo de su víctima como objeto de su furia: golpes, ahorcamiento y estrangulación, desnudarla y arrojarle agua en el marco de insultos y amenazas. Todo ello es demostrativo de un exacerbado cuadro de violencia, que da dimensión del peligro experimentado por su víctima y del grave sometimiento que se ejerció durante dicha privación de la libertad.

Con relación a los medios empleados por el imputado, no son otros que su propia fuerza física, y el evidente dominio físico y moral que ejercía. Pero estos los ejerció en su ámbito de dominio que era su propia casa, privándola de la libertad para allí ejercer su acción. Con evidente displicencia que pudiera ser escuchado tal acción por sus vecinos; evidentemente es cierto lo sostenido por la Sra. Juez al analizar la prueba, y la manifestado con relación a que los vecinos guardaban temor de enfrentar al imputado o se negaran a participar de las medidas judiciales que se disponían para evitar conflictos con esta persona.

El daño experimentado en la acción desplegada por el imputado en el cuerpo de su víctima Tapia, ha quedado patentizado en los informes médicos que dan cuenta del daño físico sufrido.

Así en la Sentencia dictada anterior, se analizó “Conforme el informe médico del Dr. Vacca se corroboran las lesiones, pero en la forma en que se describen esas lesiones se compatibiliza con las descripciones que hiciera Tapia respecto al uso de toalla, patadas y la banqueta. No tengo materialmente acreditado el abuso sexual con acceso carnal…” “… Se cuenta además con el informe sobre examen médico-físico de fecha 29/08/2015, a Eliana Soledad Tapia, del médico el Dr. Juan R. Rosa, Fecha de consulta: 29/08/2015. Motivo de consulta: traumatismo extenso en tórax y abdomen. EXAMEN FÍSICO: Cabeza: se palpan cuatro nódulos subcutáneos de 3×2 cm aproximadamente, con dolor a la palpación superficial, fijos. Ojos: hemorragia conjuntarial en ángulo interno de ojo izquierdo que se extendía hasta el límite del iris. Labios: labio superior con evidente edema con predominio en comisura izquierda. Mucosa Labial: con lesiones constantes en tres cm de extensión, Mucosa yugal edematizada. Cuello: cilíndrica con cinco lesiones superficiales de color verde-amarronado, leve amarillento de 3×3 cm aproximadamente distribuidos de la siguiente manera: una lesión leve y hematoma en región cricotineoidea derecha y cuatro en hemiregión izquierdo en línea en sentido vertical. Se palpan indecreciones en músculo externo cleidomatoidea derecha e izquierdas dolorosos a la palpación superficial y profunda. Tórax: se constató disminución de la expansión en base, bilateral a la inspiración profunda con dolor punzante. Se observaron dos hematomas de color marrón claro, leve verde amarillento de 2,5×5 cm en línea hemiclavicular y axilar izquierda a 8 centímetros por encima de pezón. La segunda con mismas dimensiones en misma ubicación a 10 cm del pezón. Abdómen: blando, sin dolor a la palpación. No se observan lesiones. Sistema urinario: Se detecta reacción a la maniobra de puño-percusión bilateral positiva de intensidad (8:10). Refirió cambios de color en la orina de amarillo claro a marrón claro. Sin dolor ni ardor miccional, ni fiebre ni escalofríos. Miembro superior derecho: se observan dos lesiones hipercrónicas de color marrón verdoso en región posterior occipital de 2×2 cm aproximadamente y en antebrazo homolateral. Miembro Superior Izquierdo: se observó una lesión hipercrónica de color marrón claro verdoso en región de olecramon de 3×4 cm. En región posterior deltoide se observó lesión hipercrónica de color marrón de 5×5 cm dolorosa a la palpación superficial. Se palpa nódulo fijo doloroso, no producía inmovilización funcional. Miembros inferiores: Se destacó la presencia de hipercomia verde marrón en miembro interno derecho de 3×4 cm aproximadamente, sin dolor a la palpación superficial. Signos Vitales: Tensión arterial 100/80 mhg, Frecuencia cardíaca: 85 pm, Frecuancia respiratoria: 17 pm, Temperatura axilar: 37º, Somnia: 5 horas diarias ininterrumpidas por crisis de llanto y pesadillas, Tratamiento: Clonazepam 0,5 – 1 comprimido a media mañana, 2 comprimidos antes de dormir; Naproxeno 500 mg – 1 comprimido a la mañana según necesidad y hasta 2 comprimidos diarios (1 cada 12 horas)…. Se suma a ello el informe de la Odontóloga Claudia Dellamea de fecha 29/08/2015 quien atendió a la Sra. Eliana Tapia, quien observó que la paciente presenta asimetría facial con edema en labio superior izquierdo. En inspección intraoral se evidenció lesión cortante de 3 a 4 centímetros de extensión aproximadamente. A nivel dentario se palpó movilidad de piezas dentarias Nº1, 21 y 22 e inflamación de la encía del lado izquierdo edematizada, A nivel paladar blando se observó lesión violácea de aproximadamente 1 centímetro y medio de forma semicircular. Se indicó analgésicos, antiinflamatorios, reposo y frío gel local…”

Pero también debe considerarse el daño psicológico que ha quedado producto de esta acción. La Sra. Juez Urturi ha señalado en su fallo, que Eliana Soledad Tapia, ha sido evaluada por el equipo del Servicio Social, en fecha 04 de septiembre del 2015, donde los psicólogos actuantes advirtieron indicadores psicológicos que se coincidían con los hechos denunciados, detectando: estado de temor, angustia, pánico frente represalias que podría tomar el imputado ante la denuncia efectuada, haber vivido situaciones de violencia extrema, acoso, amenazas con armas, hostigamiento, maltrato psicológico desde el inicio de la relación. Sometida a un hombre posesivo, agresivo, controlador.

Describen que la relación del imputado con su víctima se caracterizó por una desigualdad de poder, encontrándose ella en un estado de sumisión y de intimidación con respecto al señor Sebastiani. Tal desigualdad de poder también se traduce en sometimientos, en encontrarse controlada, denigrada en su rol de mujer y de pareja, observando indicadores de angustia, sin contar esta mujer con recursos psíquicos y materiales que pudieran poner un límite al avasallamiento subjetivo que él le impone. Se evaluó gran angustia y ansiedad, signos de estrés y vulnerabilidad, en un vínculo que estaba signado por la violencia de género, encontrándose, estableciendo que la ciudadana Tapia se encontraba en un estado de vulnerabilidad y en una situación de riesgo.

Entendemos que este daño psicológico por los traumas vividos, pueden ser mucho más grave incluso que las lesiones corporales que con el tiempo se pueden curar, pues esta desvalimiento de la víctima en su faz psíquica es de imposible medición en este juicio, pero es presumible que tal agresión cueste reparar.

En la sentencia dictada por la Juez Lezcano de Urturi, ha recepcionado como válidos los informes médicos aportados a la causa y que fueran incorporados por lectura al juicio. En particular resalta informes de profesionales particulares. “Explicó que el agravamiento del cuadro clínico producto de la golpiza recibida, dañó la salud mental, siendo diagnosticada con un cuadro de estrés post traumático complejo, todo eso se evidenció en lo expresado por la señora fiscal, la víctima, luego de realizar la denuncia en la comisaría nunca pudo volver a trabajar, debió ser asistida psicológica y psiquiátricamente todo esto le ocasionó y le ocasiona todavía y seguramente iba a continuar ocasionando dificultad para relacionarse, ansiedad, vértigo, pánico, paranoia, sumado al agravamiento de sus problemas renales”.

Además también en la sentencia se consideró “… el certificado emitido por la licenciada Martín del Hospital Italiano de Buenos Aires, en donde en su parte pertinente establece en Septiembre de 2015, la paciente remite estar pasando una situación personal muy grave, desde nuestro lugar notamos que tuvo un retroceso considerable en todo el tratamiento en concordancia con lo que la paciente relata, en el momento antes de lo sucedido estaba un catéter diario con volumen máximo de 100 milímetros y pasó a cuatro cateterismos diarios de 150 a 200 milímetros, acá se acredita el revés que tuvo. Tapia detenta una enfermedad crónica, que no la ocasionó Sebastiani, en todo caso sí puede ser que se vea agravada ante un trauma como el que vivió, el dia 25/08/2015, pero que además esa era, al decir de su amiga Sosa la tercera vez, trae consecuencias y no dudo estrés post traumático. Pero también entiendo que el daño ya está hecho solo le resta elaborarlo y seguir adelante con su vida”.

Y con relación al peligro causado, ya hemos señalado, la situación potencial de peligro sobre la vida que significó este grado de sometimiento violento, y la grave amenazas ejercidas sobre su vida, son demostrativas de un peligro cierto que ha corrido la víctima proveniente de la acción desmedida del imputado.

El segundo inciso del art. 41 del C.P., establece que se considere la edad, educación, costumbre y conducta precedente del sujeto.

En tal sentido, estamos juzgando a un hombre que actualmente cuenta con 52 años de edad, con educación secundaria completa, que es gerente de una de las empresas de venta de vehículos más importante de la ciudad, de un nivel social y económico suficientemente holgado. Si bien se ha mostrado como un asalariado de niveles medios de recursos, y con ganancias provenientes de comisiones por la venta de vehículos, debe considerarse suficientes su respuesta, ya que ninguna de las partes, ni Fiscalía ni Querella, han cuestionado o preguntado al respecto, para determinar si tales afirmaciones eran ciertas.

Debo considerar a favor del imputado, que tiene 4 hijos, los cuales requerirán de su presencia, contención y cuidado, no obstante todos ellos han alcanzado la mayoría de edad. Sin dejar de ser llamativo, que haya sostenido que tenía tres hijos y que haya mencionado como un hijo distinto, a su “hijo extramatrimonial”; los cuatro son hijos para nuestro sistema legal actual. No obstante, en esto estamos al tenor de sus dichos, pues no hay documental al respecto.

Es decir, que se trata de una persona mayor de edad, con relaciones empresariales, con contacto social y laboral de comercio, con educación y formación suficiente. Todo ello hace esperable un manejo de sus impulsos, de manera madura y responsable.

El mismo inciso 2 del art. 41 del C.P., exige se analicen la “calidad de los motivos que lo determinaron a delinquir…”. Uniendo esto con las condiciones personales del imputado, entiendo será necesario asentar la evaluación que la Sra. Juez Lezcano de Urturi, realizó sobre la evaluación de la asistente social Rosana Pérez Blanco y la Licenciada en Psicología Mitchel Laura Araceli del Servicio Social del Poder Judicial sobre el imputado Sebastiani. Detallando lo siguientes párrafos del informe: “… refirió que hacía 3 años mantuvo un vínculo de pareja con la Señora Eliana Soledad Tapia, caracterizando la relación como un noviazgo sin convivencia. Manifestó encontrarse sorprendido de la denuncia, negando los hechos de violencias u amenazas con armas que se detallan en la misma, entendiendo que los agravantes que se explicitan “son mentiras “que guardan relación con los sentimientos de venganza despecho y bronca por la situación de infidelidad que presenció la Señora Eliana. De acuerdo con su discurso se observaron características de una personalidad narcisista donde primaban los mecanismos de negación y proyección al negar y minimizar los hechos de violencias denunciadas, sin implicarse subjetivamente en los mismos. De su relato quita toda connotación de violencia, en un intento de no comprometerse con la presente causa. Durante la entrevista pericial intentó brindar una imagen de sí afable, benigno exacerbando sus aspectos positivos a modo de agradar al otro (peritos intervinientes). Su posición subjetiva denotaba una incapacidad de reflexión e implicancia subjetiva ya que comprendía y proyectaba la responsabilidad de lo sucedido en la reacción que ella tuvo frente al hecho de infidelidad. Sin embargo, no dió lugar a interpretación alguna ni reflexión de su modalidad vincular, ya que manifestó haber sido infiel en varias oportunidades. Evaluando las técnicas proyectivas administradas pudieron observar una llamativa tendencia a la impulsividad, labilidad emocional y dificultad en el control de sus impulsos. Encontrando en su discurso indicadores de superficialidad emocional que no condicen con el proceso pericial, ni con lo denunciado. De lo analizado infirieron que la modalidad de respuesta a situaciones que sobrepasen su nivel de tolerancia psíquica evidencia la violencia instalada en sus modos de reacción y en los vínculos entablados. La CONCLUSION DIAGNÓSTICA sostuvo que se observaron en el peritado, indicadores compatibles con los hechos que se le imputan, presentando características de personalidad narcisista donde primaba la violencia como modo de resolución de conflictos. Considerando que existe riesgo inminente en la Señora Tapia y un alto grado de probabilidad de que se repitan los hechos denunciados…”.

Finalmente estos elementos de ponderación serán evaluados al respecto de lo sostenido por su defensor, en el sentido de advertir que es un hecho único de violencia en su vida por el cual se lo ha condenado, que no hay demostrada habitualidad y siendo un hecho único, solicitaba la pena en suspenso.

Cabe señalar que se cuenta como prueba en las actuaciones el Expte. Nº 3183 año 02, caratulado “LOTERO, SILVIA SUSANA Y SEBASTIANI, IRENEO RAÚL S/DIVORCIO VINCULAR CONSENSUAL”. En dicha actuaciones obran denuncia y manifestaciones de su esposa describiendo una serie de actos violentos provenientes del imputado que son descriptos en las actuaciones. Pero solo he de considerar la posición que fijó la Dra. Lezcano de Urturi al respecto “… Reforzó sus argumentos respecto a la conducta reiterativa de Sebastiani, compulsión a la repetición en su conducta, no solo por lo que le hizo a Eliana sino a su ex mujer tal como surge del Expediente 3183/02 del Juzgado de familia 1, en donde su ex esposa manifestó que luego de casados y con seis meses de embarazo comenzaron los insultos y los golpes sin motivo alguno….En esa causa civil quedó sentado del relato la conducta agresiva de Sebastiani, que se compatibiliza con la personalidad de Sebastiani en su tendencia reiterativa a como trata a su mujer o novia de turno. No se lo está juzgando por hechos anteriores, solo se está mirando el ex ante y ex post de sus conductas”.

He sumado ambos datos probatorios, para con ello, demostrar que en este aspecto no estamos haciendo solo referencias a antecedentes penales que acrediten condenas de de hechos violentos, sino que existe un perfil psicológico del imputado que brinda indicadores de tratarse de una persona características de personalidad narcisista donde primaba la violencia como modo de resolución de conflictos, siendo su medio la violencia como modo de reacción ante sus vínculos.

Hemos de compartir también los fundamentos expuestos por la Sra. Fiscal, quien da cuenta de la diferencia etaria entre el imputado y su víctima, donde el primero debía, debido a su madurez  manejar y conducir mejor sus impulsos y reacciones ante una mujer más joven y no imponer su autoridad pretendiendo cosificarla a su antojo. Estos vínculos de pareja o afectivos, no son una carta franca para desplegar mayor violencia o dominio, físico o psicológico; por el contrario estos vínculos suponen respecto, cordura y afecto. Todo ello de acuerdo a lo exigido por el inciso 2 del art. 41. cuando ordena considerar “…los demás antecedentes y condiciones personales, así como los vínculos personales, la calidad de las personas…”.

Finalmente, ya hemos considerado, el lugar donde se ejerció la acción, su propio departamento, del cual le impidió salir y incluso desplegó su acción violenta y desmedida, por un lapso aproximado de tres horas. Esto debe ser también considerado como un elemento en su contra, a tenor de lo exigido también en el inciso 2 del art. 41 del C.P., al guiarnos que se deberá analizar “…la circunstancias de tiempo, lugar y modo y ocasión que demuestren su mayor o menor peligrosidad…”

Según mi concepción de la graduación de la pena, la mensuro partiendo del medio de la pena entre su máximo y mínimo, para según las circunstancias atenuantes o personalidad del imputado poder disminuir la misma según estos últimos elementos valorativos.

Repito que solo tenemos a favor del imputado Sebastiani, que no cuenta con antecedentes condenatorios en su contra, que tiene hijos y una familia a la cual contener. Siendo ésta su primer condena, que si bien se trata de un primer hecho delictivo confirmado, no obstante hemos asentado que existen constancias e informes psicológicos que dan cuenta de una personalidad violenta.

Todas estas circunstancias apuntadas me inclinan a graduar la pena partiendo de la mitad de la escala penal, para desde allí, efectuar en su caso una reducción de la misma o bien un aumento, en razón de las circunstancias atenuantes o agravantes particulares al caso.

Como se podrá advertir, hemos resumido una serie de pruebas y valoración sobre ellas que suman elementos en contra del imputado, que nos hace acercarnos al medio de la pena entre su máximo y mínimo, pero donde sin dudar pesa en gran medida para tal equilibrio, la circunstancia de ser una persona primaria en la comisión de delitos.

En tal entendimiento, no es posible aceptar los argumentos defensivos, en los cuales se pretende sostener que en caso de dictar una condena efectiva, sería una venganza y no una pena ajustada a derecho. Precisamente hemos fundado la pena, para demostrar que incluso la fijación de la misma, razonable y proporcional, basada en un examen puntilloso de las pruebas y acreditaciones obrantes en la causa, para medir en forma justa y equitativa  el castigo que corresponde aplicar.

Incluso rechazamos también que sea un cuestionamiento al sentido de la pena de prisión y a la cárcel en las condiciones actuales, la que impida imponer una pena efectiva. Pues si bien podemos compartir algunas opiniones sobre el sistema carcelario, ello no supone que por ser una persona de cierta condición social o cultural pueda excluirla en forma privilegiada del resto de la ciudadanía que purga sus delitos de tal modalidad punitiva en tal sistema carcelario.

Hay que tener en cuenta que la pena lleva consigo la intención de modificar los hábitos de vida de quienes las soporten. Como función de prevención general persigue la restitución del ordenamiento subvertido por su violación a manos del autor de un ilícito penal; como prevención especial, posibilitar al autor su reinserción social.

Por ello la pena, dada la gravedad del delito por él cometido, busca que mediante ella pueda comprender la dimensión real del daño producido. Solo tiene sentido la pena, para el imputado, si reasigna el valor verdadero del daño ocasionado por su acción disvaliosa, para comprender y reasignar el valor que este bien jurídico protege. Su reinserción a la sociedad será eficaz en la medida que pueda dimensionar el daño causado, que ni aún una sentencia como la presente, puede enmendar al mismo. Debe asumir, por medio de la pena, que para convivir en esta sociedad debe desechar aquellos valores que lo motivaron a actuar de esta forma y sustituirlos por aquellos que la sociedad regula para la generalidad de las personas, a todos por igual.

Por otra parte la pena dirigida hacia la sociedad debe reflejar que el derecho violado o conculcado es de aquellos que deben ser especialmente reafirmados, para así poder restablecer el orden jurídico y evitar la impunidad, logrando de esa manera el afianzamiento de la seguridad jurídica.

Por todo ello consideramos justo y equitativo, aplicar IRENEO RAUL SEBASTIANI,  la pena de CINCO (5) AÑOS de prisión efectiva, accesorias legales (art.12 del C.P.), y el pago de las costas procesales correspondientes (art.514 del C.P.P.).

En la deliberación, también hemos discutido la forma de asegurar esta sentencia y hacerla efectiva. La decisión que arribamos está basada en fallo reciente de la Sala Segunda en lo Criminal, que ya ha sido aplicado por mi colega Dra. Gloria Zalazar, pero que será la primera oportunidad en la cual recepto tal criterio interpretativo.

En especial considerando que la pena aplicar es efectiva, que la querella ha cuestionado el peligro de fuga o evasión del imputado en anteriores presentaciones e incluso ha formalizado una presentación denunciando incumplimiento de las restricciones impuestas.

Por todo ello a los efectos de lograr alcanzar los fines del proceso y la aplicación de la ley sustancial, y considerando que a estas alturas del proceso y habiéndolo declarado responsable al Sr. SEBASTIANI (quien se encuentra actualmente en libertad) estimo que corresponde ordenar la medida preventiva prescripta por el Art.280 del C.P.P.

Claramente puede apreciarse que existen vehementes indicios de que el imputado tratará de eludir la acción de la justicia, por lo que es indudable que se torna incierto el resultado del proceso de no contar con la comparecencia del imputado. Con el fin de asegurar los fines del proceso y hacer posible la aplicación de la ley sustancial, entiendo corresponde imponer una medida restrictiva de la libertad hasta tanto adquiera firmeza la presente Sentencia dictada en autos, todo ello conforme a lo reglado en el Art. 280 del C.P.P. Resulta necesario poner de manifiesto que éste Tribunal ha accedido al tratamiento de la presente causa por reenvío de la misma, ordenado por el S.T.J. en Sentencia Nº 137 del 30 de agosto de 2017 del Altísimo Cuerpo para tratar la única cuestión de la mensuración de la pena, habiendo quedado fijado el hecho, determinada la autoría y la responsabilidad del imputado en una sentencia que tiene estado de ejecutoriedad; lo que hace plausible la aplicación de una condena. En éste sentido, cabe mencionarse que en la Sentencia Nº 03 de fecha 9/03/2016 dictada por la SALA SEGUNDA EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL del S.T.J. en relación al Expte. Nº 14796/11-1, caratulado: “AYALA, JORGE FABIÁN – MACIEL MARCELO GUSTAVO S/DELITO CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL”, que se tramitó por ante éste Tribunal, en relación al dictado de Prisión Preventiva en ésta instancia ha dicho lo siguiente: “En relación a la queja respecto a la prisión preventiva, examinado el decisorio motivo de agravio, como así lo actuado precedentemente, se puede anticipar que el recurso interpuesto en este aspecto tampoco tendrá acogida favorable. Es que en autos, no cabe duda en cuanto a que, habiéndose condenado a los imputados por el delito de ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL COMO COAUTORES (Art. 119 cuarto párrafo inc. d) y 45 del CP) , a la pena de ocho (8) años de prisión efectiva, sin perjuicio de que la misma no esté firme, la medida cautelar preventiva de restricción de libertad resulta adecuada y en este sentido la única que garantiza acabadamente el cumplimiento del propósito del proceso penal y la aplicación de la ley. Siendo esto así y concordantemente con la posición de esta Sala (in re “ORTIZ RAMÓN S/HOMICIDIO” expediente N° 1-21623/14, Resolutorio N° 26/15, entre otros), si se presenta la opción prevista en el primer caso del art. 280 del Código de rito, es decir, que se trate de un delito para el cual no aparezca procedente la condena de ejecución condicional la peligrosidad procesal es presumida por la ley. Al respecto debe señalarse que, en el caso, el hecho que los imputados se hayan presentado a las audiencias señaladas carece de la incidencia necesaria como para revertir la presunción legal relativa al peligro de fuga, lo cual surge no solo de la experiencia común que indica que todos los fugados se encuentran identificados y tienen un domicilio fijo hasta que en un determinado momento dejan de estar en él y eso ocurre generalmente cuando perciben la posibilidad de ser privados de su libertad o de una inminente condena de cumplimiento efectivo; por lo cual su conducta anterior, cuando tales circunstancias no eran más que eventualidades posibles pero lejanas, tampoco es un parámetro para asegurar que su comportamiento posterior se mantendrá en esa línea, sino que hasta resulta lógico, desde el punto de vista del comportamiento humano, el despliegue de una conducta evasiva, si se computa la necesidad innata del ser humano a permanecer en libertad, derivado de un esquema de comportamiento instintivo, el cual, aunque se encuentre morigerado, igualmente perdura como tendencia natural, máxime cuando en el caso de autos se ha celebrado debate oral y condenado a los mismos a ocho años de pena de prisión efectiva. Es decir, en autos las circunstancias mencionadas no bastan para destruir la presunción iuris tantum del peligro de fuga en las condiciones señaladas no correspondiendo formular en esta sede hipótesis abstractas y generales acerca de cuales podrían ser las que poseen la idoneidad para revertir tal suposición legal, sino, en todo caso examinar las que en cada caso en particular, invoquen los interesados como aptos para cumplir tal finalidad. En función a ello las razones mencionadas por el apelante no logran revertir la sospecha de peligrosidad procesal, por lo cual resulta acertado concluir que debe mantenerse la prisión preventiva de los imputados, en tanto dicha medida satisface los requerimientos normativos que apuntalan la validez del encierro cautelar en el sub examine. De tal modo cabe arribar a la conclusión que la decisión recurrida se encuentra debidamente motivada y que no se presenta como irrazonable, resultando una derivación razonada del derecho vigente en orden a las circunstancias verificadas que se ajusta a los principios constitucionales que rigen la materia por lo cual queda fuera del alcance de la doctrina de la arbitrariedad y compatibiliza con el art. 7.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conforme al criterio explicitado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso citado (“Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez vs. Ecuador”, parágrafo 93). En virtud de tales consideraciones el recurso deducido debe ser desestimado, por lo cual me expido negativamente en lo que fuera materia del mismo”, del voto de la Dra. Emilia María VALLE, el que fuera compartido por el Dr. Rolando Ignacio TOLEDO.

Serán precisamente estás últimas fundamentos de la Sala del Superior Tribunal de Justicia, las que se convierten en pautas de interpretación obligatoria para los tribunales inferiores. Estas circunstancias descriptas en el precedente AYALA MACIEL, se reiteran idénticamente en la presente causa, por lo que le resulta aplicable in totum.

Que dada las connotaciones particulares del hecho, tratándose de un delito calificado como de violencia de género, deberán extremarse las medidas para asegurar una tutela judicial efectiva y evitar la frustración del proceso. La escasa capacidad de control de las medidas de limitación de esta libertad hace necesario el dictado de la medida excepcional de restricción de la libertad. Debe considerarse que se ha cuestionado el mantenimiento de su libertad por presentación de la querella denunciando el incumplimiento de las medidas de restricción dictadas, por haberse ausentado de la provincia, lo que estaba expresamente vedado y si bien aún no se han producido prueba al respecto, no obstante en el día de la fecha se ha tomado conocimiento del reinicio de la investigación por la  posible comisión del delito de desobediencia judicial, en los autos caratulados: “TAPIA, ELIANA SOLEDAD S/ DENUNCIA DESOBEDIENCIA JUDICIAL”, Expte. Nº 36614/2017-1, del registro del Equipo Fiscal nº 13, de esta ciudad, a cargo del  Dr. Lucio Otero. En dicha causa, en fecha 28/11/2017 se recepcionó declaración testimonial a la testigo del hecho NATALIA CAROLINA DILOFF; que el 11 de diciembre de 2017 se revocó por contrario imperio el Archivo dispuesto en el Orden 8 del SIGI y se dispuso continuar con la Investigación Fiscal Preparatoria, teniéndose como querellante particular a ELIANA SOLEDAD TAPIA con el patrocinio letrado del Dr. Roberto Claudio Luis Sotelo, y se dispuso como medidas probatorias librar oficio al Gabinete Científico del Poder Judicial a fin de solicitar el mejoramiento por medio de programas informáticos, de las imágenes aportadas por la denunciante y contenidas en el (1) CD-R; MARCA TDK obrante en el Area de Repositorio de ésta Unidad Fiscal Resistencia, para su posterior análisis y cotejo y librar Oficio a las Guarderías Náuticas Yapú Guazú y Gran Chaco solicitando informe respecto del listado de embarcaciones que fueron bajadas y subidas en fecha 19 de noviembre de 2017, consignando datos filiatorios de los titulares, datos de las personas que embarcaron; en especial si alguna de ellas se corresponde con la titularidad de RAUL IRENEO SEBASTIANI, DNI Nº 17.667.447 o personas con el apellido consignado, así como todo otro dato de interés que estime consignar. Finalmente, se señaló audiencia para el 22 de febrero de 2018 a las 9.00 horas, a efectos de que comparezca IRENEO RAUL SEBASTIANI, a los efectos de prestar DECLARACIÓN DE IMPUTADO en la presente causa, previa designación de abogado defensor. El avance de esta investigación a cargo de la Fiscalía nº 13, permite establecer un alto grado de probabilidad de quebrantamiento de las medidas de libertad morigeradas que se han dispuesto oportunamente en la causa. Todo ello justifica un aumento del peligro cierto de fuga, que convierte en prudente y razonable el dictado de esta medida.

En consecuencia, se dispone la PRISION PREVENTIVA del imputado IRENEO RAÚL SEBASTIANI, en calidad de autor del delito de PRIVACIÓN ILEGITIMA DE LA LIBERTAD AGRAVADA POR SER COMETIDA CON VIOLENCIA, LESIONES LEVES, AGRAVADAS POR SER COMETIDAS CONTRA QUIEN MANTENÍA UNA RELACIÓN DE PAREJA, CON ENSAÑAMIENTO Y POR SER CONTRA UNA MUJER, MEDIANDO VIOLENCIA DE GÉNERO, CON AMENAZAS CON ARMAS todo ello EN CONCURSO IDEAL, Y EN CONCURSO REAL CON TENENCIA DE ARMA DE FUEGO DE GUERRA SIN LA DEBIDA AUTORIZACIÓN LEGAL, arts. 142, inc. 1º, 89 y 92 en función con el art. 80, inc. 1º, 2º y 11, arts. 54, 149 bis primer párrafo segundo supuesto, art. 189 bis, inc. 2º, segundo párrafo, arts. 55 y 45 todos del Código Penal, en virtud de lo normado por el Art. 280 del C.P.P., quien deberá ser alojado en carácter de DETENIDO-COMUNICADO en la Comisaría que corresponda, a disposición de esta Cámara Segunda en lo Criminal.

Finalmente, corresponderá expedirnos sobre los honorarios profesionales de los letrados particulares intervinientes en autos en lo que respecta a esta etapa el proceso. En ese entendimiento encontramos al Dr. MARCELINO OMAR LEIVA ejerciendo la defensa técnica del condenado SEBASTIANI; por su parte, la Querellante Particular estuvo asistida técnicamente por el Dr. ROBERTO CLAUDIO SOTELO. Determinado ello,  de acuerdo a la labor desplegada por cada uno de los citados profesionales en lo que concierne a esta instancia y en consideración a las pautas de mensuración contenidas en la ley de aranceles profesionales vigentes (arts. 2, 3, 4, 13, cctes.y sgtes. de la ley 2011 y su mod 2385); estimo que deberán regulársele sus honorarios profesionales de la siguiente manera: los del Dr.  MARCELINO OMAR LEIVA, en la suma de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS, y los del Dr. ROBERTO CLAUDIO SOTELO, en la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000,00), ambos a cargo del condenado IRENEO RAUL SEBASTIANI, en los términos del art. 514 del C.P.P.. Asimismo, deberá intimarse a los citados profesionales a efectuar en legal tiempo y forma los aportes de ley que el ejercicio libre de la profesión le genere. ASI VOTO.- ASI VOTO.-

A LA UNICA CUESTION PLANTEADA, LA SRA. JUEZ GLORIA B. ZALAZAR, DIJO:

Comparto totalmente el criterio y la conclusión a la que arriba el Sr. Juez de primer voto en esta única cuestión en tratamiento; compartiendo el monto de la pena a imponerse al condenado Sebastiani, como así también en lo que respecta al  dictado de la prisión preventiva del nombrado. Por ello adhiero específicamente al voto del Dr. Víctor Emilio del Río, en todos sus términos. ASI VOTO.-

A LA UNICA CUESTION PLANTEADA, EL SR. JUEZ ERNESTO J. AZCONA, DIJO:

También comparto en su totalidad el criterio y la conclusión a la que arriban los Sres. Jueces preopinantes en esta cuestión en tratamiento, estando por ello de acuerdo en la pena que debe aplicársele al condenado Sebastiani, como así también a la medida coerción dispuesta en su contra. Por todo ello adhiero específicamente al voto del Dr. Víctor Emilio del Río, en todos sus términos.- ASI VOTO.-

En este estado Y VISTOS: los fundamentos expuestos en el acuerdo que antecede, esta Cámara Segunda en lo Criminal, en ejercicio de la jurisdicción en forma Colegiada;

F A L L A :

I.-)  IMPONIENDO a IRENEO RAUL SEBASTIANI, en su carácter de autor penalmente responsable de los delitos de PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LA LIBERTAD AGRAVADA POR SER COMETIDA CON VIOLENCIA; LESIONES LEVES AGRAVADAS POR SER COMETIDAS CONTRA QUIEN MANTENÍA UNA RELACIÓN DE PAREJA, CON ENSAÑAMIENTO Y POR SER CONTRA UNA MUJER, MEDIANDO VIOLENCIA DE GENERO, CON AMENAZAS CON ARMAS todo ello en CONCURSO IDEAL, y en CONCURSO REAL con TENENCIA DE ARMA DE FUEGO DE GUERRA SIN LA DEBIDA AUTORIZACIÓN LEGAL, (arts. 142, inc. 1°; 82 y 92 en función.del art. 80, inc. 1°, inc. 2° e inc. 11°; art. 54; art. 189 bis primer párrafo segundo supuesto, art. 189 bis inc. 2° segundo párrafo, arts. 55 y 45 todos del Código Penal), la PENA DE CINCO (5) AÑOS DE PRISIÓN EFECTIVA, accesorias legales (art.12 del C.P.) y el pago de las Costas Procesales correspondientes (art.514 del C.P.P.); en cumplimiento de lo dispuesto por el Excmo. Superior Tribunal de Justicia, en Sentencia nº 137, de fecha 30/08/2017, en sus puntos I y II (Orden nº 449 Hist. SIGI).

II.-) DISPONIENDO la PRISION PREVENTIVA del encartado IRENEO RAÚL SEBASTIANI, en calidad de autor del delito de PRIVACIÓN ILEGITIMA DE LA LIBERTAD AGRAVADA POR SER COMETIDA CON VIOLENCIA, LESIONES LEVES, AGRAVADAS POR SER COMETIDAS CONTRA QUIEN MANTENÍA UNA RELACIÓN DE PAREJA, CON ENSAÑAMIENTO Y POR SER CONTRA UNA MUJER, MEDIANDO VIOLENCIA DE GÉNERO, CON AMENAZAS CON ARMAS todo ello EN CONCURSO IDEAL, Y EN CONCURSO REAL CON TENENCIA DE ARMA DE FUEGO DE GUERRA SIN LA DEBIDA AUTORIZACIÓN LEGAL, arts. 142, inc. 1º, 89 y 92 en función con el art. 80, inc. 1º, 2º y 11, arts. 54, 149 bis primer párrafo segundo supuesto, art. 189 bis, inc. 2º, segundo párrafo, arts. 55 y 45 todos del Código Penal), en virtud de lo normado por el Art. 280 del C.P.P., quien deberá ser alojado en carácter de DETENIDO-COMUNICADO en la Comisaría que corresponda, a disposición de esta Cámara Segunda en lo Criminal.

III.-)  REGULANDO los honorarios de los profesionales particulares que intervinieran en las presentes actuaciones, de acuerdo a la normas contenidas en la ley arancelaria vigente (arts. 2, 3, 4, 5, 7, 11, 13 y concs. de la ley 2011 y su mod. 2385), del siguiente modo: los del Dr. MARCELINO OMAR LEIVA,  en su carácter de defensor particular del encartado IRENEO RAUL SEBASTIANI, en la suma de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS ($ 8.500,00), y los del Dr. ROBERTO CLAUDIO SOTELO, en la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000,00), ambos a cargo del condenado IRENEO RAUL SEBASTIANI, en los términos del art. 514 del C.P.P.. Asimismo, deberá intimarse a los citados profesionales a efectuar en legal tiempo y forma los aportes de ley que el ejercicio libre de la profesión les generen.

IV.-) NOTIFIQUESE, regístrese, y firme que sea la presente líbrense las comunicaciones pertinentes; practíquense cómputo de pena, y oportunamente pónganse a los condenados a disposición del Juzgado de Ejecución Penal correspondiente.

Ernesto J. Azcona                      Gloria Beatriz Zalazar               Víctor Emilio del Río

Juez                                              Juez                                           Juez

Cámara Segunda en lo Criminal      Cámara Segunda en lo Criminal    Cámara Segunda en lo Criminal

            Shirley  Karin ESCRIBANICH

Secretaria Letrada

Cámara Segunda en lo Criminal

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