Fiscalía Federal y querella van a Casación por la domiciliaria a represores en el Chaco

La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Resistencia y la querella de la Secretaría de Derechos Humanos del Chaco, interpusieron recursos de casación contra las decisiones de conceder la prisión domiciliaria al represor Gabino Manader -ya condenado- y al exfiscal federal Roberto Mazzoni, quién irá a juicio oral por encubrir violaciones a los derechos humanos en el Chaco.

Manader, junto al exfiscal Mazzoni, fue favorecido con la domicilaria (Foto: Gentileza Jorge Tello/Es Chaco)

La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Resistencia y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia del Chaco –en calidad de querellante particular en casos de lesa humanidad- interpusieron sendos recursos de casación ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal contra las resoluciones de ese tribunal que concedieron la prisión domiciliaria al genocida condenado Gabino Manader y al ex fiscal federal de Resistencia, Roberto Mazzoni, acusado por encubrir delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar. Así, el objetivo es que la Cámara Federal de Casación Penal revise y revoque los beneficios concedidos a quién fue condenado por graves delitos de lesa humanidad y a quién se encuentra imputado y aguarda ser juzgado por haber prestado su complicidad al accionar del Terrorismo de Estado en el Chaco.

Para los fiscales federales Carlos Amad, Patricio Sabadini, Diego Vigay y Horacio Rodríguez – de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal- y para el secretario de Derechos Humanos del Chaco, Juan Carlos Goya, representado por los abogados Paulo Pereyra y Silvina Canteros, tanto Manader como Mazzoni están comprendidos en dos de las causales que justificarían no conceder la prisión domiciliaria: que podrían darse a la fuga y/o entorpecer la investigación.

La situación del ex fiscal Mazzoni 

Mazzoni, ex fiscal federal de Resistencia acusado por omitir su accionar ante las denuncias por violaciones a los derechos humanos, aguarda el inicio del juicio oral que lo tendrá como uno de los principales imputados por ser considerado parte de la “complicidad judicial” con el accionar del Terrorismo de Estado en el Chaco, al igual que el ex juez federal Luis Angel Córdoba quién falleció, impune, el mes pasado en su domicilio de una localidad bonaerense.

En su caso, los fiscales federales y la Secretaría de Derechos Humanos del Chaco consideran que podría darse a la fuga, teniendo en cuenta la pena que podría corresponderle en caso de ser hallado culpable por los graves delitos que se le imputan. En ese contexto, recordaron el caso del camarista mendocino Otilio Romano quién se profugó a Chile lo que generó la demora en el inicio del juicio oral y público en el que, finalmente, fue condenado.

Pero, también, desde el Ministerio Público Fiscal y el organismo que preside Juan Carlos Goya entienden que Mazzoni podría entorpecer la investigación teniendo en cuenta los contactos que sigue manteniendo por haber sido funcionario de la justicia federal de la provincia del Chaco.

El caso de Manader

El caso de Gabino Manader presenta similitudes y diferencias con Mazzoni. La principal es que ya se encuentra condenado a 25 años de prisión por torturas a detenidos políticos en la ex Brigada de Investigaciones de Resistencia. No obstante, también está siendo juzgado actualmente por una serie de delitos, incluyendo la violación de detenidas políticas. Pero no todo se agota allí. En juicios anteriores quedó demostrado que Manader ocupó un rol estratégico en la Dirección de Investigaciones y que tendría conocimientos precisos de los lugares donde se podrían encontrar los cuerpos de las personas desaparecidas por las cuáles se lo responsabiliza -como los casos de Pedro Morel y Sara Fulvia Ayala- y que podría obstruir las tareas de búsqueda que lleva adelante la justicia federal en las provincias de Chaco y Corrientes.

Al caso de Manader también se agrega el reproche que vienen realizando tanto la Fiscalía Federal como la Secretaría de Derechos Humanos del Chaco al hecho de que le fuera concedido el beneficio de la prisión domiciliaria pese al dictamen en contrario del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema, el de mayor reputación en la materia, que indicó que podía continuar en cárcel común.

La inseguridad de las víctimas y la responsabilidad del Estado

En los escritos se advierte que de no revocarse estas decisiones judiciales se afectaría la propia seguridad de las víctimas, que en muchos casos prestaron declaraciones testimoniales que fueron la base de la condena a los represores.

Asimismo, se subraya que la decisión de conceder domiciliaria a los condenados por graves delitos contra la humanidad contradice la jurisprudencia de los organismos internacionales de derechos humanos y la obligación asumida por el Estado argentino de prevenir, sancionar e investigar las violaciones de los derechos humanos y crímenes de Lesa Humanidad. En este sentido, consideraron que “el cumplimiento de las condenas es parte imprescindible”.

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